Los diputados que integran la Comisión Especial para analizar los fondos usados para la pandemia del Covid-19, acordaron este viernes enviar certificación a la Fiscalía por incumplimiento del director de la Policía, Mauricio Arriaza Chicas de no llevar por apremio (uso de la fuerza) al Ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya.
“La comisión también acordó enviar a la FGR un informe sobre el posible delito de no cumplimiento de deberes del director de la PNC”, dijeron los diputados que conforman la referida comisión.
De acuerdo con los legisladores, el director de la Policía estaría cometiendo el delito de incumplimiento de deberes al desobedecer el mandato de la Comisión Especial de la Asamblea Legislativa al que está obligado según el reglamento.
Por su parte, el director de la Policía dijo que existe “una causa justificada” para que el ministro de Hacienda no acudiera a la comisión. Además, pidió que la cita fuera reprogramada.
Esta es la cuarta vez que el ministro de Hacienda no asiste a la comisión que está investigando el dinero que ha sido utilizado para el combate de la pandemia en El Salvador.
Además, los diputados dijeron que analizarán la posibilidad de interpelar a Alejandro Zelaya por este caso.
Ayer, la Asamblea Legislativo aseguró que envió un aviso a la Fiscalía para informar que el Gobierno de Nayib Bukele se ha negado a transferir los pagos de los salarios de los empleados y los diputados lo que presuntamente puede considerarse un delito.
El fiscal general de la República, Raúl Melara, dijo que ha iniciado una investigación en contra del ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, por posible incumplimiento de deberes y otros delitos.
“Esta madrugada recibimos un aviso de parte de la Asamblea Legislativa para que la Fiscalía investigue la posible comisión de delitos, entre ellos, incumplimiento de deberes y otros por parte del ministro de Hacienda al no depositar el salario para los empleados de ese órgano de Estado”, detalló Melara.
De acuerdo con el reglamento de la Asamblea Legislativa, los funcionarios públicos están obligados a rendir cuentas cuando las comisiones especiales así se los soliciten.