Diario1 reproduce íntegramente un artículo elaborado por la redacción de Radio YSUCA titulado «Signos de corrupción en un gobierno con discurso de transparencia», en el cual se exponen los señalamientos de corrupción más sonados en la gestión de Nayib Bukele, quien en 16 meses al frente de la Presidencia ya suma varias acusaciones por acciones cuestionables en el proceder de sus funcionarios y que ponen en entredicho su presunto discurso anticorrupción.
Con autorización de Radio YSUCA, se presenta a continuación el texto original del artículo en mención:
“Lo que sucedía en El Salvador es que todo estaba hecho para la corrupción. El Salvador ha sido extracción, extracción, pero no de recursos naturales, sino del dinero del pueblo a bolsillos de un montón de políticos, algunos en la cárcel, otros en fuga, otros en procesos judiciales y otros que aún no están en procesos judiciales, pero que deberían de estar”. Son palabras del presidente Nayib Bukele, durante la XXXIV Reunión de Gobernadores del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), en febrero de 2020.
Palabras que dibujan muy bien la corrupción que por años ha existido en El Salvador. Sin embargo, los señalamientos contra sus adversarios se vuelven en su contra, luego que diversas investigaciones periodísticas nacionales e internacionales pusieran al descubierto actos de corrupción en su gobierno, el cual pintó de transparente.
Compras para beneficiar a funcionarios, contratación de plazas para familiares y amigos, contrataciones a empresas vinculadas con actos ilegales y compras con sobre precios, son solo algunos de los casos que se han destapado en tan solo 15 meses de gobierno.
Radio YSUCA ha retomado algunas de las investigaciones de medios como la Prensa Gráfica, El Diario de Hoy, Gato Encerrado, El Faro, Revista Factum y Salud con Lupa que han dejado evidencias de posibles casos de corrupción y que muestran cuál ha sido la prioridad del gobierno de Nayib Bukele.
Las investigaciones en su mayoría tienen a su base la información que entregan las unidades de Acceso a la Información Pública de las instituciones, por lo que la mayoría de datos son oficiales.
¿Quiénes han sido los más beneficiados antes y durante la pandemia?
Uno de los funcionarios que sobresale en las investigaciones periodísticas es el ministro de Salud, Francisco Alabí. Él ha firmado órdenes de compras para beneficiar a empresas de su familia y de funcionarios del gobierno. Una de esas compras fue la de 26 mil pares de botas para los médicos, por un monto de $225 mil dólares. La investigación de la revista Gato Encerrado reveló que el ministro estampó su firma junto a la de Celina Quiñónez, representante de la empresa Autodo S.A de C.V, pero quien también es la esposa del tío del ministro.
El funcionario también compró $250,000 dólares en máscaras protectoras a INSEMA, empresa de Jorge Aguilar Zarco cuando era el presidente del Fondo Ambiental de El Salvador (Fonaes).
El beneficio para Jorge Aguilar no solo vino del Ministerio de Salud, sino además del Ministerio de Agricultura y Ganadería que compró a la empresa “Inversiones del Café Zarco, S.A. de C.V. (IDECAFEZ)” propiedad de la familia de Jorge Aguilar, $1.6 millones de dólares en alimentos que se entregaron como parte del paquete del Programa de Emergencia Sanitaria (PES).
El ministro de Salud Francisco Alabí se ha negado a dar explicaciones sobre las ilegalidades que habría cometido al beneficiar a sus allegados.
El beneficio a funcionarios a través del otorgamiento de contratos se hizo casi desde los inicios de esta gestión gubernamental, aunque la práctica ya venía realizándose desde que el presidente Nayib Bukele era alcalde de San Salvador.
Un ejemplo es el de la Administración de Acueductos y Alcantarillados (ANDA) que otorgó la supervisión de un proyecto en la planta potabilizadora Las Pavas, por $2.6 millones a la empresa Rivas Franco Consultores, ligada al ministro de Seguridad y Justicia, Rogelio Rivas.
El ministro fue director ejecutivo de la firma consultora cuando era asesor de Nayib Bukele en la Alcaldía de San Salvador. Esa misma empresa obtuvo la adjudicación de varios proyectos en alcaldías e instituciones del Órgano Ejecutivo.
En todos estos casos se ha violado la Ley de Adquisiciones y Contrataciones Públicas (LACAP). El artículo 26 de esta ley establece que no podrán participar como ofertantes los funcionarios y empleados públicos y municipales cuando sean socios, propietarios o accionistas de las empresas. Tampoco que sean administradores, gerentes, directores, representante legal o miembros del consejo directivo del ofertante de las obras, bienes o servicios.
Tampoco pueden ofertar las personas que tienen vínculo de parentesco hasta el segundo grado de afinidad y cuarto de consanguinidad, con los funcionarios públicos.
Esas contrataciones han sido parte del conflicto de interés, que se vislumbra como una característica de este gobierno, con lo que posiblemente exista una violación a la Ley de Ética Gubernamental. “Es ahí donde surge el problema porque comprar el producto no es irregular el problema es cuando la empresa que vende puede ser un socio que sea funcionario público del gobierno, ahí surge el conflicto de interés”, afirmó el presidente del Tribunal de Ética Gubernamental, Néstor Castaneda.
Durante la pandemia los beneficios también llegaron a políticos que simpatizan con Nayib Bukele y a partidos políticos vinculados al gobierno. Uno de esos beneficios lo obtuvo el diputado del partido ARENA Gustavo Escalante y su familia por la compra de 800 mil mascarillas por un monto de $344 mil dólares. La empresa Grupo GME Inversiones fue fundada por el diputado René Gustavo Escalante y dirigida por él y su hermano, según una investigación del periódico digital El Faro.
Los partidos políticos GANA y Nuevas Ideas también han sido favorecidos por el gobierno. Prueba de ello es que la ministra de Economía autorizó los servicios de la empresa de call center “RA Solutions S.A. de C.V” por casi 424 mil dólares a una empresa del fundador del partido GANA.
El ministro de Trabajo Rolando Castro también benefició al candidato a diputado del partido Nuevas Ideas por el departamento de Chalatenango con dos contratos a su empresa Inversiones F. A. S.A. de C.V. El monto contratado fue por $21 mil dólares por la compra de 19 mil 500 tapabocas.
Ese mismo partido recibió del gobierno insumos agrícolas que fueron almacenados en casas que sirven de sede del partido Nuevas Ideas en Panchimalco. La misma casa que usó Nuevas Ideas en ese municipio para repartir paquetes agrícolas se usó para resguardar sacos de abono propiedad del MAG, cuyo ministro Pablo Anliker es fundador del partido Nuevas Ideas.
El ministerio de Agricultura también resguardó paquetes de semillas de maíz y frijol y fertilizantes en la casa de Noel Vásquez Villatoro en Suchitoto, quien después se convirtió en uno de los precandidatos de Nuevas Ideas para la alcaldía de ese municipio.
Los funcionarios y sus familias no solo se han beneficiado con las contrataciones de bienes y servicios, también han sido favorecidos con préstamos y contrataciones en instituciones públicas.
El caso de la comisionada presidencial Carolina Recinos es una muestra.
BANDESAL le otorgó un crédito a la hermana de Recinos por más de 22 mil 500 dólares, pese a que según los requisitos del banco no calificaba para recibir el préstamo. Además, dos hermanos de la comisionada fueron contratados en el Centro Nacional de Registros y en Cancillería.
Por su parte, Rolando Castro, ministro de Trabajo, creó 137 plazas para amigos y allegados, con un costo de $1.8 millones al año, reveló otra nota periodística.
En medio de una crisis sanitaria y económica, el Gobierno compró con sobre precios
El Gobierno aprovechó que la Asamblea Legislativa anuló temporalmente la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP), por lo que pudo hacer compras urgentes para enfrentar la pandemia de Covid-19.
Sin embargo, los pagos a los proveedores se elevaron para algunas instituciones, porque se compró a precios mayores a los del mercado. En la compra de botas de hule y máscaras protectoras, el Ministerio de Salud pagó más por productos que en realidad costaban menos.
Lo mismo sucedió cuando el ministro Alabí compró un millón de mascarillas Respitec no certificadas fabricadas en Guatemala. En este negocio el Ministerio de Salud pagó 1 millón 300 mil dólares más, es decir el 65% de sobreprecio. Las mascarillas que costaban $2 dólares cada una, se compraron a $3.30 la unidad.
Otra compra que se hizo con sobreprecio fue la de protectores faciales por un monto de 750 mil dólares a la empresa SYGM Asesores, S. A. de C. V. Dos socios de esa empresa también son empleados de una empresa fundada y dirigida por José Alejandro Zelaya, actual ministro de Hacienda. Cuando se realizó la compra Zelaya era el viceministro de Ingresos de ese ministerio.
El Ministerio de Obras Públicas (MOP) pagó un millón de dólares más al contratar a una empresa para la construcción del anexo del Hospital El Salvador en CIFCO, con una oferta más cara que la que ofrecían otras empresas.
También el ministro de Trabajo autorizó comprar mascarillas con un sobreprecio del 33 por ciento. La empresa INVERTIVA EL SALVADOR, S.A. DE C.V. resultó beneficiada al recibir 48 mil dólares.
El gasto elevado de parte del gobierno también se vio reflejado en el Plan de Control y Vigilancia de la langosta voladora que pidió el presidente de manera urgente al ministro de Agricultura, Pablo Anliker. Según datos enviados por ese ministerio a la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD), mediante la unidad de acceso a la información pública, el costo del plan es de 1 millón 500 mil dólares. En la programación financiera se observan productos con sobreprecios como machetes, a $40 dólares la unidad cuando el precio es de 4.50 y 8.50, el más caro. También lentes protectores y cantaros a un precio de $40 dólares cada uno.
Lo que queda claro es que durante la pandemia el gobierno movió millonarias cantidades de dinero. 3 mil 250 millones ingresaron hasta agosto para enfrentar la pandemia. Eso lo confirmo el expresidente del Banco Central de Reserva, Nicolás Martínez. Sin embargo, ni el mismo funcionario sabía cómo el gobierno usó el dinero. Según explicó a los diputados, “egresaron $1,036 millones por deuda interna, es decir por colocación de letras del tesoro y CETES, Certificados de Tesorería ingresaron, en ese mismo período, $1,595 (millones)”.
Durante la pandemia el gobierno se quejó de la falta de recursos y culpó a los diputados de no aprobar “ni un centavo partido por la mitad”. Sin embargo, hubo instituciones como el Ministerio de Salud que gastó grandes cantidades de dinero en remodelaciones.
Salud con Lupa reveló que en medio de la pandemia el Ministerio de Salud gastó 54 mil dólares en remodelar la oficina de Francisco Alabí. El costo incluía la compra de una cafetera por casi 2 mil dólares. El funcionario se ha desvinculado de toda responsabilidad y sin dar detalles ha optado por evadir los cuestionamientos.
Este tipo de compras iniciaron a un mes de gestión del actual gobierno. El ministro de Obras Públicas, Romeo Rodríguez autorizó el pagó de $6,279 dólares para una mesa de billar de mármol con un precio de $3,277 dólares. Además de 2 televisores por más de 2 mil y 2 consolas Play Station 4.
El Gobierno ha hecho compras y contrataciones oscuras
El Gobierno también ha estado en la mira por comprar a empresas vinculadas con actividades ilegales. Un caso fue el Ministerio de Agricultura que compro atún enlatado a una empresa fantasma mexicana. La empresa B-Eminent es catalogada en México como una empresa fantasma por facturar operaciones simuladas, según una investigación de la revista Factum.
El MAG también compró $9.2 millones en alimentos a una empresa brasileña vinculada a escándalos de corrupción. La empresa M. Días Branco ha sido vinculada a la Operación Lava Jato, uno de los casos de corrupción más grande en Brasil.
También se han hecho compras a empresas que se dedican a actividades distintas y que deja dudas sobre dichos contratos.
Por ejemplo, el ministro de Obras Públicas Romeo Rodríguez autorizó la contratación de transporte a la empresa de publicidad Evolución S.A. de C.V por un monto de más de $186 mil dólares. Aunque el ministro justificó que la empresa se dedica a varias actividades además de la publicidad.
Según un informe del Centro de Asesoría Legal Anticorrupción (ALAC) de la FUNDE, entre marzo y mayo, el MOP ya había adjudicado $997 mil dólares para servicios de transporte, durante la pandemia para el traslado de las canastas básicas alimenticias y traslado de personas con enfermedades crónicas.
Wilson Sandoval de la Fundación para el Desarrollo (FUNDE) añade que la escasa información de parte de las instituciones publicas ha limitado la contraloría social. “Es decir, la sociedad no puede visualizar con respecto a datos muy específicos o duros cómo se está manejando a nivel de recursos, así como a nivel de resultados de las decisiones que se toman dentro de la emergencia. Eso también viene a ser un problema porque impide o restringe que la ciudadanía pueda ejercer una contraloría social más efectiva”.
Otra compra no muy clara es la que hizo el gobierno a una empresa que vende repuestos para autos en España. Pero no le compró repuestos, sino 1 millón 500 mil mascarillas además de gabachones médicos y caretas. El total fue de $5 millones 85 mil dólares, pero los documentos entregados a la Asamblea Legislativa indican que la compra fue de casi 12 millones.
Fondos públicos en la mira de la Corte de Cuentas
La utilización de fondos públicos llevó a la Corte de Cuentas a aprobar un Plan de Fiscalización de los recursos utilizados en el marco de la emergencia nacional. La institución realiza 9 auditorías, entre ellas al Ministerio de Salud y Obras Públicas por la construcción del Hospital El Salvador y la reconstrucción de la red de hospitales a nivel nacional, Ministerio de Turismo e Instituto Salvadoreño del Seguro Social y al Ministerio de Agricultura, relativo a los paquetes alimenticios.
Además, realizó un examen especial por la distribución de los $300 dólares en concepto de subsidio a las familias salvadoreñas. En este caso, las auditorías reflejaron que el gobierno repartió $30 millones a 100 mil personas con criterios desconocidos. La Corte de Cuentas también audita el pago de viáticos de $150 dólares al personal de salud.
También hay auditorías a las donaciones nacionales e internacionales. El Gobierno de El Salvador ha recibido por donaciones durante la emergencia nacional $45 millones, de los cuales 43 fueron ayuda monetaria por parte de la comunidad internacional. Pero de parte del gobierno la rendición de cuentas sobre dichos fondos ha sido nula.
Roberto Anzora, magistrado presidente de la Corte de Cuentas, dijo que el Ministerio de Salud y el Ministerio de Agricultura son dos instituciones que están manejando altas cantidades de dinero durante la pandemia y sin embargo, ha habido cierta resistencia a entregar información. Aún con esas limitantes, en el caso del MAG, han logrado encontrar solo en un examen, 12 observaciones.
“Estamos en la identificación de proveedores, las cantidades que se han comprado, el análisis de los precios de cada una de ellas y también verificando la parte presupuestaria”, explicó.
El discurso del presidente Bukele se volvió contradictorio cuando a la vez que rechazaba y criticaba los actos de corrupción de gobiernos anteriores él y algunos funcionarios de su gabinete eran señalados en actos ilegales.
El nombre del presidente Nayib Bukele apareció en un reportaje del periódico estadounidense El Nuevo Herald, que basado en una investigación de Douglas Farah, presidente de IBI Consultants, indicó que Alba Petróleos se ha convertido en una máquina para lavar dinero del narcotráfico y la corrupción y que Bukele, al mantener su vínculo con José Luis Merino del FMLN, incumple su promesa de limpiar la casa e impulsar una nueva forma de gobernar.
Según el informe, Erick Vega asesor de inversiones extranjeras de Bukele fue secretario privado de Merino y el hermano de José Luis Merino, también es amigo de Vega y de la comisionada Carolina Recinos, quien trabajó en empresas de Alba Petróleos.
El gobierno salvadoreño sigue penetrado por la estructura criminal congregada en torno a Alba Petróleos, cita la nota periodística.
Por si fuera poco, el banco Wells Fargo, con sede en Estados Unidos, catalogó de “transacciones sospechosas” los pagos que hizo el Ministerio de Salud a la empresa Lasca Design, por la compra de 3 millones de mascarillas y mil termómetros.
La nota publicada por El Faro y por otros medios internacionales como Ojo Público de Perú, aseguran que dicha transferencia fue considerada como de origen dudoso por el banco y procedió “al bloqueo de todos los fondos disponibles en la cuenta receptora, determinando el cierre de dicha cuenta y demorando la devolución de dichos fondos por el término de 30 días”.
El nombre del El Salvador y de Nayib Bukele han sonado en varios países no solo por la forma en que ha enfrentado la pandemia y sus aires de dictador, sino por el supuesto pacto con las pandillas que le habría ayudado para llegar al poder.
El nombre del presidente aparece con mayor frecuencia en periódicos nacionales e internacionales por su forma de gobernar, pero no transparente, sino contrario a lo que había prometido. Esa es la opinión del rector de la UCA, Andreu Oliva. “Cada semana salen a luz nuevas denuncias de corrupción y nepotismo contra los miembros de su gabinete, irregularidades en contratos y compras del Estado… El mandatario que prometió romper con el pasado y aseguró en cadena nacional que, si alguien de su gobierno se robaba un solo centavo, él mismo lo metería preso, en lugar de combatir la corrupción y exigir la debida investigación a la Fiscalía, de las acusaciones de corrupción, guarda silencio, protege a los funcionarios sospechosos de defalcar al Estado y desacredita a los periodistas que publican las irregularidades”, dijo el rector de la UCA.
Bukele se ha caracterizado por poner en su gabinete a funcionarios con expedientes abiertos en la Fiscalía o señalados en actos de corrupción. Uno de ellos fue el expresidente del Banco Central de Reserva, Carlos Federico Paredes, quien tenía expediente abierto por el delito de estafa agravada, cuando el presidente lo eligió para el cargo.
Desde que juramentó a su gabinete los nombres de Gustavo Villatoro, actual superintendente del Sistema Financiero, y Ernesto Sanabria, secretario de Prensa, sonaron muy fuerte por haber sido piezas clave en el gobierno del expresidente Antonio Saca y muy allegados a Herbert Saca.
Luego, Bukele contrató como asesor al venezolano Lester Toledo, implicado en robo de fondos destinados para ayuda humanitaria. Sobre Toledo, coordinador internacional de la Coalición Ayuda y Libertad Venezuela y exdiputado del partido Voluntad Popular, pesan señalamientos de corrupción.
Fuera de la pandemia, los casos que apuntan a corrupción son varios. Recientemente una investigación periodística reveló que el director de Centros Penales, Osiris Luna usó ilegalmente $8.5 millones de dólares de las tiendas penitenciarias. Luna, habría violado por lo menos cuatro puntos del Reglamento General de la Ley Penitenciaria aprobados por la Presidencia de la República el año pasado.
El mismo funcionario estuvo en la opinión pública por el cuestionado viaje a México. El Faro constató que fue la empresa SeguriTech Integral Security, una empresa multimillonaria experta en servicios de videovigilancia, la que pagó el viaje en un avión privado, pero Luna nunca lo confirmó.
Bukele no solo ha contratado a personas con pasado oscuro, sino que defiende a quienes son señalados en posibles actividades corruptas. Tras una publicación periodística que reveló que el candidato de Nuevas Ideas Walter Araujo no justificó $1.4 millones de ingresos entre 2004 y 2014 cuando fue magistrado del Tribunal Supremo Electoral (TSE), el presidente Bukele se ha dedicado a defenderlo cada vez que puede.
Frente a actos antiéticos y de posible corrupción, algunos funcionarios han sido denunciados en la Fiscalía General de la República y en el Tribunal de Ética Gubernamental.
La exministra de Salud Ana Orellana Bendek fue denunciada por ALAC-Funde ante el Tribunal de Ética Gubernamental por haber facilitado la compra de mascarillas a la empresa del diputado Gustavo Escalante.
Otra denuncia fue interpuesta contra el ministro de Salud, Francisco Alabí, ante el Tribunal de Ética Gubernamental, por supuesto conflicto de interés al autorizar la compra de botas de hule a la empresa propiedad de un familiar. El presidente del Tribunal de Ética Gubernamental, Néstor Castaneda aseguró que por lo menos 15 casos se han iniciado por violar la ley durante la pandemia.
Radio YSUCA pidió a la Fiscalía General de la Republica el total de denuncias y avisos contra funcionarios actuales por supuestos actos de corrupción. Sin embargo, la respuesta de la Unidad de Acceso a la Información Pública de la Fiscalía fue que no tienen los datos específicos, ya que la información que se ingresa al sistema informático es en relación con la profesión de las personas, sin poder establecer si el delito que se cometió fue en su cargo como funcionario.
De acuerdo con la información entregada entre junio de 2019 y agosto de 2020, solo existe registro de 2 ministros denunciados por enriquecimiento ilícito. La denuncia corresponde a junio de 2019, por lo que se infiere que se trata exministros de gobiernos anteriores.
Los registros también indican que hay una denuncia contra un presidente y dos empleados por el delito de peculado, pero no especifica de qué institución.
Pese a los casos de posible corrupción que existen actualmente, la Comisión Internacional contra la Impunidad en El Salvador (CICIES) no está funcionando como se esperaba o, como se prometió. Se desconoce si la comisión que se instaló en 2019, ha informado a la Fiscalía sobre algún delito de corrupción.
Estos hechos reveladores “confirman la sospecha de que en la gestión de los fondos públicos y las donaciones existe corrupción, y que en el círculo presidencial hay oportunistas”, cita un artículo de opinión del padre Rodolfo Cardenal titulado “El enemigo real es la corrupción”.
Según el jesuita, estos hechos ponen de manifiesto el cerco informativo levantado por Casa Presidencial, así como la razón de la presión para disponer incontroladamente de los fondos públicos.
Desde su opinión, “los miles de millones en juego, la necesidad apremiante y la poca disponibilidad de dinero exigen auditar, interna y externamente, la actividad de Casa Presidencial y sus dependencias”.
Puede consultar el artículo original de Radio YSUCA dando clic en este enlace.