La Comisión Especial para investigar la colocación de títulos y préstamos en el contexto de la pandemia de coronavirus acordó llamar por apremio, es decir por la fuerza, a Francisco Alabí, ministro de Salud.
El ministro había sido convocado a participar en la Comisión este miércoles 7 de octubre en la mañana pero no llegó. Es la segunda vez que desoyó la convocatoria de los diputados.
La primera vez que fue convocado fue el 18 de septiembre. Pero no llegó. Ese día también debió comparecer Pablo Anliker Infante, ministro de Agricultura y Ganadería.
El segundo llamado que ignoró fue el programado para este día.
El llamado por apremio implica que agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) deberán llevarlo por la fuerza ante los diputados para que explique el uso que dio al dinero que el Estado salvadoreño compró en concepto de eurobonos, Letras del Tesoro (LETES) y similares en el contexto del aumento de contagios de COVID-19 en el país.
El llamado por apremio deberá concretarse el 14 de octubre, es decir, el próximo miércoles.
El 30 de septiembre los diputados de la Comisión de Hacienda acordaron ordenar a la PNC que llevara por apremio a Alejandro Zelaya, ministro de Hacienda, por también negarse a acudir a la Asamblea.
Sin embargo, el 2 de octubre Mauricio Arriaza Chicas, director de la PNC, se negó a llevar por apremio al ministro de Hacienda del Gobierno de Nayib Bukele.
Entonces los diputados mandaron una nota a la Fiscalía General de la República (FGR) en la que advirtieron que Arriaza Chicas pudo haber cometido el delito de incumplimiento de deberes.
Mientras tanto el director respondió a los diputados: que había una causa justificada y pidió que la comparecencia fuera reprogramada.
El 22 de junio Alabí fue denunciado ante el Tribunal de Ética Gubernamental (TEG) por haber violado, de acuerdo a los denunciantes, el artículo 5 literal “b” de la Ley de Ética Gubernamental (LEG), durante el proceso de compra de máscaras protectoras a una empresa vinculada al entonces funcionario público Jorge Aguilar Zarco.
La denuncia, interpuesta por el Centro de Asesoría Legal Anticorrupción de El Salvador (ALAC), argumenta que Francisco Alabí rompió la ley de ética al no informar que la adquisición de caretas protectoras valoradas en $250,000 era una compra a la empresa INSEMA, vinculada a Aguilar, quien en ese momento presidía el Fondo Ambiental de El Salvador (FONAES).
De acuerdo a los representantes de ALAC, Alabí, quien firmó la orden de compra de los protectores plásticos, violó el artículo 5 “b” de la LEG, que sostiene que toda persona sujeta a la ley debe “denunciar ante el TEG o ante la Comisión de Ética Gubernamental respectiva las supuestas violaciones a los deberes o prohibiciones éticas contenidas en esta Ley, de las que tuviere conocimiento en el ejercicio de su función pública”.
ALAC sostiene que al firmar la orden de compra a la empresa vinculada a Jorge Aguilar, el ministro de Salud omitió denunciar las “supuestas violaciones a los deberes éticos o prohibiciones éticas contenidas en la LEG” y por tanto rompió dicha normativa ética.
“El ministro Alabí se encontraba en la obligación de dar a conocer que un funcionario público estaba intentando contratar con la administración pública, en contravención de la LACAP (Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública) y la misma LEG”, agrega la denuncia ante el Tribunal de Ética con fecha de este 22 de junio.