El diputado Roldolfo Parker, del Partido Demócrata Cristiano (PDC), aseguró que el presidente de la República, Nayib Bukele, ha cometido al menos cuatro delitos durante su administración. El legislador –quien ha sido atacado en varias ocasiones por Bukele en redes sociales e incluso en cadenas de radio y televisión− indicó que las “fechorías” del jefe del Ejecutivo “están completamente documentadas”.
Al haber negociado con pandillas, el presidente Bukele se “convierte en un terrorista”, dijo Parker a través de un video difundido en redes sociales.
Y agregó que “aprovecho para traer al recuerdo lo que en otras ocasiones he dicho, está absolutamente acreditada la evasión fiscal de Bukele. Esto fue presentado por la Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía General, esa documentación está ahí en un 100% y eso es real”, sigue asegurando el parlamentario en la grabación.
Por otra parte, está totalmente documentado, de acuerdo con Parker, un ingreso irregular que tuvo Bukele por medio de cheques recibidos de Alba Petróleos. “Eso está totalmente documentado también por más de 100 documentos que Bukele realizó un pacto con las maras y recordemos que la Sala de lo Constitucional estableció que las maras, las pandillas, son terroristas.”
“Y Bukele, al haber negociado con las pandillas, se convierte en terrorista; y todo esto está plenamente documentado, el país lo sabe, que por ratos las cosas van adquiriendo por la velocidad de los acontecimientos otras prioridades sí, pero esos antecedentes de las actividades delictivas de Nayib Bukele sí están».
El diputado del PDC finaliza sus señalamientos contra el presidente de la República afirmando: “Así te respondo Nayib, tus fechorías, que son reales, están completamente documentadas por más que nos pretendas atacar a nosotros, por más casos que busques amañar, te vamos a hacer frente; pero te recuerdo una cosa: dijiste algo y engañaste al pueblo, y el pueblo está cada día abriendo los ojos”.
Complicaciones legales de Nayib Bukele
El presidente Nayib Bukele se ha caracterizado por enfrentarse con la institucionalidad del país, sobre todo con la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y la Asamblea Legislativa.
Entre los sucesos del Ejecutivo que más evidenciaron esa confrontación con los otros poderes del Estado estuvo la toma del Salón Azul y la sede legislativa por parte de militares el pasado 9 de febrero, un hecho que el presidente definió como una “medida de presión” para aprobar un préstamo en materia de seguridad.
Las imágenes de los soldados con armas desenfundadas rodeando las sillas de los diputados dieron la vuelta al mundo y la condena de este suceso fue prácticamente unánime. El ministro de Defensa, Francis Merino Monroy, justificó que se trató de un “operativo de seguridad”.
Entre las voces que se manifestaron repudiando el hecho estuvieron 19 congresistas demócratas, en una carta enviada el 16 de febrero en la que sostuvieron que “estos actos de intimidación política deben ser controlados lo más rápido que se pueda”.
“Desgraciadamente este incidente es el último ejemplo de un incremento militar por parte de líderes gubernamentales en Centro y Sur América; esta alarmante tendencia de utilizar a las fuerzas armadas para mostrar poder y legitimar decisiones políticas significa un gran peligro para América Latina porque lleva a la confrontación y pone de manifiesto una desilusión –fuera de lugar- de los procesos tradicionales de las instituciones democráticas”, añadieron.
La toma de militares sigue bajo investigación de una comisión especial del Legislativo, en la cual se indaga no solamente los hechos del 9 de febrero sino también las personas que estuvieron implicadas en la intervención de militares armados en el Salón Azul.
Esa fecha, durante la que sería una plenaria para aprobar un préstamo el mandatario Bukele acabó sentado en la silla de Mario Ponce, presidente de la Asamblea, rodeado de elementos de la Fuerza Armada.
Pero los pronunciamientos del Comandante General de las Fuerzas Armadas no solo se limitan a la Asamblea: Durante un acto transmitido en cadena nacional de radio y televisión, Bukele afirmó que, de ser necesario, usaría los salarios de diputados y magistrados de la Sala de lo Constitucional de la CSJ para pagar la construcción de 50 casas a familias afectadas por las lluvias de finales de mayo pasado.
Finalmente, el entonces ministro de Hacienda, Nelson Fuentes, quien posteriormente renunció de manera abrupta, realizó los pagos de dichos funcionarios, como la ley manda.
Durante ese acto en la comunidad Nuevo Israel, Bukele señaló que «no hay sentencia de la Sala de lo Constitucional que valga, no hay decreto de los diputados que valga, además ellos no van a gobernar por decreto», en referencia a las sentencias del máximo tribunal de justicia, que no restringió varias acciones del Ejecutivo durante la pandemia por coronavirus que sigue al día de hoy.
Luego, en agosto pasado, el presidente dio fuertes declaraciones luego de que la Sala concluyera que el decreto ejecutivo 32, que regulaba las fases de reapertura económica, era inconstitucional.
«¿Dictador? Los hubiera fusilado a todos, o algo así, si fuera de verdad un dictador. Salvás mil vidas a cambio de cinco», dijo Bukele, en cadena nacional, añadiendo que, sin embargo, «no soy dictador».
Despidos y éxodo de empleados
Por otro lado, la gestión de Bukele también ha sufrido sonadas salidas o destituciones en el año y tres meses que lleva al frente del Ejecutivo.
La primera fue en marzo de este año, cuando la entonces ministra de Salud, Ana Orellana Bendek, fue reemplazada del cargo por el ahora titular Francisco Alabí, quien era constante invitado en entrevistas televisivas y radiales mientras fungía como viceministro de Operaciones en Salud.
La administración Bukele quiso entonces reubicar a Orellana Bendek como responsable del Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia (CONNA), sin embargo, el proceso de selección de la directora de esta institución no permitía que el nombramiento se hiciera de forma directa y debía pasar antes por un proceso público.
Luego, el 28 de julio, el ministro de Hacienda Nelson Fuentes dejó dicha cartera de Estado, apenas una semana después de haber negado esa posibilidad en una entrevista televisiva.
“Ha sido uno de los ministros con más presencia y uno de los rostros más visibles que ha tenido el Gobierno por la cartera que maneja. Hasta donde yo entiendo es una oportunidad laboral que va a tener fuera del país”, señaló sobre su salida el diputado Guillermo Gallegos, de la Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA).
Su lugar lo ocupa el ex viceministro de Ingresos, Alejandro Zelaya, quien constantemente presenta informes de posibles irregularidades tributarias ante la Fiscalía General de la República (FGR). Dicha postura del Ejecutiva ha sido criticada por economistas que consideran que la estrategia conocida como “jueves de evasores” puede realizarse con fines electorales o de presión a adversarios políticos.
El último caso de destitución fue el del entonces presidente la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA), Frederick Benítez, quien sorpresivamente fue destituido y anunciado su reemplazo durante la última cadena nacional de Bukele, el pasado jueves 24 de septiembre.
Durante el mensaje a la nación, en el que atacó desde el diputado Rodolfo Parker, a que llamó “chihuahua manso”, al procurador de Derechos Humanos Apolonio Tobar y hasta a los medios de comunicación que no tienen una línea editorial afín a sus intereses, Bukele confirmó al reemplazo de Benítez.
En ese sentido, nombró como nuevo presidente de la ANDA a Rubén Alemán, un exempleado de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), en la cual estuvo por 13 años. Sin embargo, no se informaron los motivos de este cambio de mando ni las credenciales de Alemán, más allá de una recomendación del embajador estadounidense Ronald Johnson.
Denuncias de corrupción
Otro de los señalamientos que enfrenta la gestión de Bukele es en torno a los casos de corrupción presuntamente fraguados en el contexto de la pandemia de Covid-19 que sigue afectando al país.
Entre los casos que se atribuyen a la gestión de Bukele están el de la venta de protectores faciales o caretas al Gobierno por parte de uno de sus funcionarios, el presidente del Fondo Ambiental de El Salvador (FONAES), Jorge Aguilar. De momento, el conocido excompetidor de motocross está separado del cargo.
Este caso salió a la luz pública luego de que la periodista Cecibel Romero, del medio Salud con Lupa, investigara la compra de 400,000 caretas protectoras que hizo el Gobierno a la empresa INSEMA, propiedad de Aguilar.
Aguilar, antes de convertirse en funcionario del Ejecutivo de Bukele, era conocido por ser empresario del sector de reciclaje. INSEMA fue la empresa encargada de recibir el material plástico recolectado en la campaña “Reto Recicla” por medio de la cual el Gobierno recolectó 4.5 millones de botellas plásticas.
De acuerdo con la investigación de Salud con Lupa, este plástico recolectado sirvió para la elaboración de las caretas protectoras que posteriormente la empresa INSEMA vendió al Gobierno.
Otra de las acusaciones contra el Gobierno fue la supuesta venta de $750,000 en protectores faciales por parte de una empresa de empleados del ahora ministro de Hacienda Alejandro Zelaya.
El Diario de Hoy reportó que SYGM Asesores, S.A. de C.V., empresa fundada por Zelaya y dirigida por empleados suyos “vendió protectores faciales sobrevalorados” al Ejecutivo.
“El pasado 25 de abril, el Ministerio de Salud compró 300,000 máscaras a la empresa mencionada, al precio de $2.50 cada una, haciendo una venta total de $750,000. Otra empresa los vende a $1.13 por unidas al comprar por miles”, señaló El Diario de Hoy.
Por su parte, una investigación de la revista digital Gato Encerrado indica que el ministro de Salud Francisco Alabí avaló un contrato de compra de botas de hule vendidas por una empresa de su familia. “El funcionario no lo negó y dijo que la Corte de Cuentas debe determinar si la compra fue irregular”, reseña la publicación.
Asimismo, hay señalamientos de nepotismo en la actual gestión. No solo por parte del mandatario, que tiene a allegados y familiares en el Ejecutivo, sino también la jefa del Gabinete, Carolina Recinos.
Según un reportaje del diario digital El Faro, uno de los hermanos de Recinos fue contratado como gerente del Banco de Desarrollo (Bandesal), otro funge como jefe de seguridad del Centro Nacional de Registro (CNR) y otra como cónsul en Estados Unidos.
Además, recientemente, otra hermana de Recinos ganó un contrato para instalar una cafetería en el Ministerio de Hacienda, esto a pesar de no tener el equipo ni el dinero para poner a operar el negocio. Pero eso no fue ningún problema, pues acudió a Bandesal, donde su hermano es gerente, y solicitó un préstamo de $22,514. El crédito le fue aprobado a pesar de las alertas de un claro conflicto de interés.