La noche del 24 de septiembre el presidente Nayib Bukele se presentó en cadena nacional en El Salvador para hacer un anuncio que ha causado indignación y ha puesto en alerta al periodismo de su país: el mandatario informó de que el Ministerio de Hacienda abrió una investigación por lavado de dinero contra El Faro, el periódico digital más prestigioso del país centroamericano. Se trataba de una nueva embestida contra el periodismo independiente salvadoreño, que ha denunciado los abusos y la deriva autoritaria de Bukele. “El ministerio de Hacienda les está pidiendo los documentos, como se los pide a cualquier empresa”, dijo el presidente.
Esta nueva acción se suma a una auditoría tributaria que efectúa Hacienda desde julio al mismo periódico, que continuamente ha sido el objetivo de los ataques del mandatario e integrantes de su gabinete. Debido a estas medidas, decenas de periodistas e intelectuales de Latinoamérica, Estados Unidos y Europa enviaron una carta a Edison Lanza, relator especial para la libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en la que rechazan lo que denominan un ataque contra los medios salvadoreños y exigen un monitoreo especial así como un pronunciamiento público sobre la decisión del presidente Bukele. El mandatario también ha criticado con dureza el trabajo de otros medios de comunicación digitales como Factum, Focos, Gato Encerrado, Colatino o los periódicos El Diario de Hoy, La Prensa Gráfica y El Mundo.
El anuncio de la investigación llega después de que El Faro publicara el 3 de septiembre un amplio reportaje en el que se revela que el Gobierno salvadoreño ha negociado durante un año con la Mara Salvatrucha, una sanguinaria agrupación criminal que controla gran parte de este pequeño país, a cambio de la reducción de homicidios y de apoyo para las elecciones regionales del próximo año. Tras la publicación del reportaje, El Faro informó de que el ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, retuiteó un mensaje de un diputado afín a Bukele, quien amenazó a los periodistas del diario diciendo que terminarán “en una celda incómoda” por violadores o lavadores de dinero. El mismo Bukele –que cuenta con más de dos millones de seguidores en Twitter—se expresó con mofa de la investigación periodística en la misma red social y dijo que a los periodistas de El Faro “les están pasando información falsa”.
Esta nueva embestida contra la prensa independiente ha encendido las alarmas entre periodistas e intelectuales del continente. En la carta enviada al relator Lanza expresan un “enérgico rechazo” a lo que consideran una “escalada de ataques contra la prensa independiente de El Salvador y el Estado de Derecho ejercida por el presidente”.
Además de las investigaciones de Hacienda contra El Faro y de las críticas vertidas por el mandatario e integrantes de su gabinete, los periodistas del diario han denunciado que son seguidos y fotografiados en sus casas, formas de coacción y censura que recuerdan a las empleadas por el régimen de Daniel Ortega contra la prensa y periodistas de Nicaragua. “Todos los hechos aquí descritos constituyen un atentado a la libertad de prensa y solo pueden tener por objeto deslegitimar y silenciar la labor periodística de El Faro, que ha sido particularmente incómoda para el gobierno salvadoreño por sus investigaciones sobre corrupción y sobre las negociaciones de la Administración Bukele con grupos ilegales”, se afirma en la carta enviada a la CIDH.
“Los ataques violan las garantías institucionales de un estado democrático. La criminalización y estigmatización de los medios de comunicación y de los periodistas deterioran gravemente el Estado de derecho”, agregan quienes firman el documento, entre ellos periodistas como el estadounidense Jon Lee Anderson, amplio conocedor de la realidad centroamericana. También integran la lista el escritor nicaragüense Sergio Ramírez, los periodistas argentinos Leila Guerriero y Martín Caparrós, el actor mexicano Diego Luna, el escritor colombiano Héctor Abad Faciolince y la escritora mexicana Ángeles Mastretta.
Nayib Bukele cumplió un año de haber asumido la presidencia de El Salvador. Llegó al poder después de ganar las elecciones por una amplia mayoría en un país hundido en la miseria, carcomido por la corrupción y desangrado por la violencia. Su Gobierno, sin embargo, ha desarrollado una deriva autoritaria que preocupa incluso a legisladores republicanos de Estados Unidos, que han alertado en una carta sobre el deterioro del Estado de Derecho en el país centroamericano. Para Bukele este llamado de atención es particularmente incómodo, dado que considera a los republicanos unos aliados de su Administración.
El presidente se ha enfrentado abiertamente a la Corte y el Parlamento de su país, después que los diputados se negaron en febrero a aprobar un préstamo por 109 millones de dólares clave para financiar la estrategia de seguridad del presidente. En una acción que recuerda el triste pasado golpista de centroamérica, el mandatario irrumpió en la sede de la Asamblea Legislativa arropado por oficiales de la policía y militares, se sentó en la silla del presidente parlamentario y ordenó el inicio de una sesión, amparado, dijo, por un derecho divino. Un día después, al ser cuestionado en una entrevista con EL PAÍS, el mandatario respondió: “Si fuera un dictador habría tomado el control de todo el Gobierno anoche”.
*Nota publicada en El País de España.