Todos los aspirantes a cargos de elección popular que se desempeñaron como funcionarios estarán obligados a presentar la certificación de la presentación de su última declaración jurada de patrimonio de la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), de acuerdo con la reforma al artículo 160 que aprobó con 54 votos el pleno de la Asamblea Legislativa.
El artículo 160 del Código Electoral le fue agregado el literal j que dice: todo ciudadano que ejerció como funcionario o empleado público y que según el artículo 15 de la Ley de Probidad está obligado a declarar su patrimonio, deberá presentar certificación de la presentación de su última declaración jurada de patrimonio la cual será emitida por la Sección de Probidad de la Corte Suprema.
Es decir, si un diputado o ministro pretende competir por un cargo de elección popular solo podrá inscribirse como candidato hasta que haya presentado la certificación de la presentación de la declaración jurada de patrimonio.
En la celebración de la sesión plenaria de la Corte, por ejemplo, los diputados recordaron que muchos funcionarios del Gobierno de Nayib Bukele siguen sin presentar su declaración jurada de patrimonio ante la Sección de Probidad. Si la reforma entra en vigencia y ellos siguen sin presentarla no podrán inscribirse como candidatos a diputado.
Esta reforma también puede alcanzar, según los diputados, a los allegados al presidente Bukele que pretenden competir por regresar a la Asamblea mientras tienen cuentas pendientes en la Corte Suprema.
“Quieren regresar a este órgano de Estado despotricando desde fuera cuando tienen investigaciones abiertas en la Sección de Probidad”, señaló Emilio Corea, diputado de Alianza Republicana Nacionalista (ARENA).
Recordó, además, que presentó una propuesta de modificación a la Ley de Probidad para ampliar de diez a 30 años el plazo para poder investigar a los exfuncionarios que dejaron de ejercer. En la actualidad cumplida la década la Sección de Probidad no puede investigar, no obstante haya indicios evidentes de corrupción.
“Cuando uno revisa quienes están combatiendo la supuesta corrupción uno se da cuenta que están peor todos ellos”, criticó Julio César Fabián, también diputado del principal partido de oposición.
“En la actualidad hay funcionarios que incumplen, a pesar de estar obligados no han cumplido con ese mandato de ley (presentación de declaración de patrimonio). No puede ser que vayan a pedirle respaldo a la población y no se apeguen a lo que la legislación ya manda”, advirtió Anabel Belloso, diputada del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN).
Norman Quijano, diputado de ARENA, recordó que en vez de presentar la declaración de inicio y cese de funciones, muchos funcionarios prefieren pagar la multa para que los auditores del Estado no puedan detectar que su patrimonio es mucho más alto que los ingresos que tuvieron en el desempeño de sus funciones.
“Hay funcionarios que acumulan millones de dólares en su patrimonio y no se puede justificar entre los ingresos percibidos y los millones acumulados y terminan al final de cuentas en la Corte Suprema de Justicia y empiezan las manipulaciones políticas para finalmente ser exonerados de toda responsabilidad”, señaló.
La propuesta de reforma la presentó el diputado Ricardo Velásquez Parker y la aprobó la Comisión de Reformas Electorales y Constitucionales de la Asamblea.
Ahora pasará a manos del presidente Bukele que puede vetarla o sancionarla.