La Dirección General de Centros Penales (DGCP) recibió cinco solicitudes de información de igual número de ciudadanos que básicamente tenían una pregunta: ¿quién, por qué y para qué pagó los viajes a Estados Unidos y México en jet privado de Osiris Luna Meza?
A todas las peticiones la oficina de información de Centros Penales les dio la misma respuesta: no podía entregar lo solicitado porque podía poner en riesgo la seguridad del funcionario y porque la oenegé que pagó los viajes no quería que su nombre fuera divulgado.
El Ministerio de Justicia y Seguridad (MJSP) también recibió una solicitud de información y dio la misma respuesta.
Todos esos ciudadanos, inconformes con la parquedad maliciosa de la respuesta, presentaron recursos de apelación en el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), según explicó René Valiente, jefe de la Unidad de Derecho de Acceso a la Información Pública de la Gerencia de Garantía y Protección de Derechos de esa institución.
Las primeras tres apelaciones fueron presentadas el año pasado y están identificadas con las referencias 297-A-2019, 300-A-2019, y 306-A-2019. Este año fueron presentadas las restantes que están referenciadas 54-A-2020, 62-A-2020 y 68-A-2020.
El primer recurso de apelación que llegó al Instituto el año pasado lo presentó Juan Valiente Álvarez, exdiputado de Alianza Republicana Nacionalista (ARENA). El resto de procedimientos lo iniciaron periodistas y ciudadanos que se desarrollan en distintos ámbitos.
Valiente detalló que cuatro de los seis procedimientos están en la primera etapa, es decir, previos a la celebración de audiencia oral mientras que en los dos restantes los comisionados ya ordenaron a la Dirección de Centros Penales entregar la información y al no haberse negado a hacerlo ha iniciado el proceso sancionatorio.
En esos dos el Instituto celebrará audiencia oral para determinar los porqués de la no entrega de información. Se espera que en las próximas semanas sea programada la audiencia.
En esas audiencias los comisionados determinarán si Centros Penales violó la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP) o no. Si lo hizo el Instituto puede aplicar una sanción que puede ser de hasta 40 salarios mínimos del sector comercio.
Es decir: Luna Meza y el oficial de información de Centros Penales pueden ser condenados próximamente –o no- a pagar 40 salarios mínimos, es decir, unos 1 mil 200 dólares por cada uno de los dos procesos sancionatorios iniciados en su contra este año.
“Para pagarlo es un plazo corto. Si no la paga el Instituto gestiona el cobro forzoso que realiza la Fiscalía General de la República (FGR)”, explicó Valiente.
El 3 de febrero de este año el Faro.net publicó que la empresa Grupo SeguriTech Integral Segurity pagó el viaje a México en avión privado de Luna Meza. El documento base de la publicación lo divulgó en redes sociales el expresidente Carlos Mauricio Funes Cartagena, actualmente asilado en Nicaragua mientras en el país es acusado de media docena de delitos de corrupción.
El documento que el exmandatario publicó el 1 de febrero tiene una firma y el sello del Viceministerio de Seguridad así como el destinatario y el remitente: de Luna Meza al ministro Rogelio Rivas.
En el cuerpo el remitente dice: “Con el deseo de fortalecer y conocer la experiencia de Modelos de Seguridad en el exterior y evaluar las posibilidades de ser replicados en El Salvador, tengo a bien hacer de su conocimiento que he recibido invitación por parte de Grupo SeguriTech Integral Segurity en la Ciudad de México, con quienes sostendremos reuniones y visitas a los sitios donde nos darán a conocer la infraestructura y tecnología con la que dicho Grupo opera”.
El documento fue enviado el 10 de octubre de 2019, exactamente el mismo día de inicio de la misión oficial a México que terminó el 13 de octubre.
Tres días más tarde en una carta al medio digital SinEmbargo.mx, la empresa Grupo SeguriTech Integral Segurity negó haber pagado el viaje.
La empresa sí acepta que pagó sus boletos de El Salvador hasta México en vuelo comercial. Lo que no hizo, de acuerdo con la carta que firma Miriam Barceló Durazo, coordinador de comunicación y relaciones públicas de la compañía, es haber financiado el vuelo privado que quedó documentado con las fotografías que la asistente del funcionario divulgó en redes sociales.