La Asamblea Legislativa dio su aval este lunes, con 72 votos, a la nueva Ley de Inclusión de Personas con Discapacidad, una normativa con la que se busca garantizar derechos fundamentales a esta población, que representa un 10 % a nivel nacional, según el diputado David Reyes.
El legislador de Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) concedió una entrevista a Grupo de Medios Uno y compartió los principales insumos que contempla esta nueva ley que beneficiará a unas 600,000 personas.
De acuerdo a Reyes, quien es parte de la población de personas con discapacidad, la ley contempla aspectos novedosos como que el Ejecutivo y las alcaldías garanticen fondos para programas de inclusión a este sector de la población, así como la dotación de más facultades al Consejo Nacional de Atención Integral para las Personas con Discapacidad (CONAIPD) como ente rector y sancionador a quienes incumplan la normativa.
Además, la ley, que aún debe pasar por el despacho presidencial para su aprobación, observación o veto, consigna que las personas con discapacidad podrán tener acceso a créditos, seguros médicos, un mejor servicio de transporte colectivo, educación inclusiva y reconocimiento del lenguaje de señas, así como otras garantías para no ser discriminados.
Otro aspecto de la ley es la posibilidad de que personas con discapacidad puedan ser inscritos como beneficiarios de familiares, hasta el segundo grado de consanguinidad, quienes coticen en instituciones como el Seguro Social (ISSS), Instituto Salvadoreño de Bienestar Magisterial (ISBM) o el Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada (IPSFA). También contempla la atención médica gratuita en hospitales públicos.
Esta es la entrevista que el diputado Reyes concedió a la periodista de Noticiero 1 Maité Portillo:
P: Diputado Reyes, en términos generales, ¿en qué consiste la Ley de Inclusión de Personas con Discapacidad?
R: En El Salvador se estima que al menos un 10 % de la población vive con algún tipo de discapacidad, eso da idea de la magnitud de esta ley. Más de 600,000 personas que tienen algún tipo de discapacidad se ven beneficiadas con esta nueva normativa.
Esta ley está armonizada con los convenios internacionales sobre derechos humanos de personas con discapacidad, ratificados en El Salvador. Se tuvo participación de la sociedad civil, se hizo consultas con las municipalidades, Gobierno Central, Corte Suprema de Justicia, sector privado. Tuvimos muchísimos insumos.
Es una ley moderna que busca proteger y garantizar los derechos de las personas con discapacidad. Las personas con discapacidad somos parte de la diversidad del ser humano. Habemos personas que ocupamos una herramienta para movilizarnos…
«Todo eso nos hace parte de la diversidad del ser humano y no puede decirse que somos más o somos menos ciudadanos por tener una condición de discapacidad».
Esta ley busca asegurar que las personas con discapacidad pueda hacer valer sus derechos. Por ejemplo, conocimos casos de algunos salvadoreños que quisieron aplicar a un crédito en la banca, pero no se los dieron a pesar de cumplir los requisitos, asumiendo que su condición de discapacidad pudiera representar un riesgo, lo que es completamente falso.
Es un proyecto de ley bastante ambicioso que busca cambiar factores culturales de la sociedad salvadoreña hacia las personas con discapacidad. Contempla 137 artículos y destaca en tres aspectos fundamentales: Primero, obliga a todas las instituciones públicas, incluyendo las alcaldías, tengan asignada una partida presupuestaria cada año para desarrollar proyectos y programas de inclusión para las personas con discapacidad. O sea, se asegura que cada institución tenga los recursos necesarios para dar cumplimiento a esta ley.
Segundo, se crea un tribunal sancionador, que será el encargado de conocer denuncias cuando haya incumplimientos a la ley y también poner sanciones económicas respectivas, con montos desde uno a nueve salarios mínimos. Esto le da dientes a la ley, porque cuando haya personas que no den cumplimiento a esta ley tendrán que someterse, porque es ley de la República.
Tercero, contempla conceptos novedosos como el diseño universal, los ajustes razonables, que lo que buscan es garantizar que toda la infraestructura en nuestro país sea viable para que cualquier persona con cualquier tipo de discapacidad pueda desplazarse libremente.
Esta ley pretende que la infraestructura del país sea adecuada para las personas con discapacidad. /EFE
Dentro de los puntos destacados en la normativa está la creación de un fondo exclusivo para la ejecución de proyectos o programas de inclusión. ¿Qué tipo de proyectos podrían implementarse?
Puedo dar algunas ideas, pero lo ideal y lo que se busca es que cuando la ley sea sancionada por el presidente de la República se cree un reglamento, lo cual denotará una política de inclusión, integral. Al darse la obligatoriedad de que las instituciones públicas tengan una partida para inclusión, por ejemplo, en el tema de educación es importante que se aseguren que haya adecuaciones en la currícula educativa para que todas las personas con discapacidad puedan tener acceso a educación de calidad, o capacitar a maestros en la interpretación del lenguaje de señas.
Será importante que cada cartera de Estado desarrolle con base a sus competencias y sus funciones específicas proyectos de inclusión.
Habrá un tribunal sancionador. ¿Qué tipo de multas o sanciones busca aplicarse?
La ley contempla que cada empresa, independientemente de si es pública o privada, se debe contratar a una persona con discapacidad por cada 20 empleados. Eso quedó establecido así en la ley, sin embargo, si alguien no lo cumple, será objeto a una sanción muy grave. En la ley se establecen tres tipos de categorías de sanciones, que pueden ser leves, graves y muy graves, y el rango de multas va entre uno y nueve salarios mínimos.
Antes la Secretaría de Inclusión Social apoyaba al sector de las personas con discapacidad, pero con el nuevo Gobierno se eliminó. Ante la inexistencia de esta área, ¿se verá disminuida la atención o qué ha sucedido con las personas que eran asistidas por esa institución?
Personalmente, lastimosamente por años, las diferentes secretarías abordaban el tema de las personas con discapacidad con un enfoque totalmente asistencialista, es decir, que ellos se limitaban a donar una silla de ruedas a alguien que lo necesitara. Y eso no está mal, está bien, pero honestamente el abordaje de la temática de las personas con discapacidad trasciende cualquier enfoque asistencialista o incluso cualquier enfoque médico, y eso es lo bueno de la ley, que está fundamentada en la óptica de derechos humanos.
A criterio del diputado David Reyes, toda iniciativa legal para las personas con discapacidad debe estructurarse desde una «óptica de derechos humanos» y no de forma asistencialista. /CORTESÍA
La ley también contempla la creación del nuevo Consejo Nacional de Atención Integral para las Personas con Discapacidad (CONAIPD) que va a ser la entidad rectora en materia de discapacidad. El reto inicial, sin duda alguna, será crear una política de atención e inclusión a las personas con discapacidad.
Es bastante completa la ley y estaremos pendientes de que el presidente la sancione para que sea una realidad lo más pronto posible.