La falta de un acuerdo entre el Gobierno de Nayib Bukele y la Asamblea Legislativa de El Salvador para aprobar una ley para regir la etapa final de la cuarentena por la COVID-19 preocupa a Estados Unidos, según lo manifestó este miércoles el embajador de ese país, Ronald Johnson.
La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) les ordenó a ambos órganos de Estado negociar dicha ley tras declarar en un fallo inconstitucional la gran mayoría de normativas dictadas a la fecha para manejar la crisis, incluido el decreto que rige actualmente la cuarentena.
Los efectos del mismo, por orden de los jueces, vencen la madrugada del sábado y, si no se emite una ley que respete los parámetros de la sentencia, el país entrará en un limbo legal.
El Ejecutivo de Bukele y los diputados perdieron prácticamente dos días en acordar el sitio en el que comenzarían el diálogo, sin que hasta este miércoles llegaran a un acuerdo.
«Vemos con preocupación que la falta de acuerdos deja a los salvadoreños sin seguridad jurídica sobre cómo proteger su salud y volver a trabajar para mantener a su familia», publicó en su cuenta oficial de Twitter el diplomático.
Añadió que «por amor a su país, el cual lucha contra varias emergencias a la vez, todas las partes deben ver más allá de un solo punto de vista y tomar las decisiones correctas para el bien de todos los salvadoreños», porque «es su deber compartido y El Salvador cuenta con ustedes».
Esta es la segunda vez que los jueces constitucionales ordenan a estos órganos acordar una legislación para enfrentar la pandemia.
Tras semanas de confrontación con el Congreso, de mayoría opositora, el Gobierno de Bukele se quedó administrando la cuarentena «absoluta», que suma más de 80 días de confinamiento, mediante decretos ejecutivos emitidos desde el Ministerio de Salud y sin una ley de emergencia nacional o estado de excepción como respaldo.
Los diputados se negaron a ampliar automáticamente estas normativas por señalamientos de falta de transparencia en el manejo de fondos y supuestas violaciones a derechos humanos, por lo que emitieron dos leyes de reapertura económica y vigilancia sanitaria, que Bukele vetó.
El referido decreto gubernamental, según el fallo, fue declarado inconstitucional en virtud de que el Gobierno «carece de competencia para emitir una normativa que suspenda derechos fundamentales».
El mandatario dedicó este miércoles un extenso hilo de mensajes en Twitter a criticar al órgano Legislativo, a la Corte Suprema, a la Fiscalía General, a empresarios y a organizaciones sociales.
«Los magistrados de la @SalaCnalSV cargaron el arma, la montaron, la pusieron en la mano de la @AsambleaSV (Asamblea Legislativa) y de la @ANEPElSalvador (Asociación Nacional de la Empresa Privada) y se la apuntaron a la cabeza del Gobierno y del Pueblo», escribió Bukele.
En uno de los últimos trinos de la cadena de publicaciones, apuntó que «la muerte de sus seres queridos (de los ciudadanos) es rentable», porque «hacen ricos a sus patrocinadores, abriendo las empresas de golpe» y «culparán al Gobierno, al haber un colapso».
En El Salvador se registran 3.274 casos confirmados de la COVID-19, de los que 1.757 se mantienen activos, 1.453 pacientes se recuperaron y 64 fallecieron.