La embajada de Estados Unidos en El Salvador aclaró que sus funcionarios suelen ser invitados a reuniones con funcionarios, representantes de los partidos políticos y de otros sectores pero que eso no significa que su papel sea acordar ni autorizar leyes en el país.
A través de sus cuentas de redes sociales aclaró que el embajador Ronald Johnson no desempeña ese papel en suelo salvadoreño.
“La embajada de Estados Unidos en El Salvador y otros funcionarios de la embajada son invitados a participar en reuniones con el gobierno, partidos políticos y otros sectores. Al asistir no acuerdan, ni autorizan leyes, incluidas las relativas al manejo de la pandemia”, publicó.
“Respetamos la soberanía salvadoreña”, agregó.
El sábado en la noche el presidente Nayib Bukele dijo en cadena nacional que la Ley de Cuarentena que la Asamblea Legislativa aprobó en mayo fue discutida y negociada en Casa Presidencial con la presencia del embajador Johnson; Raúl Melara, fiscal general; Carlos Reyes, jefe de la fracción de Alianza Republicana Nacionalista (ARENA); y los cinco magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) incluido Óscar Armando Pineda Navas, el presidente del Órgano Judicial.
Esa ley, sin embargo, la declararon inconstitucional los magistrados de la Sala alegando que el Ministerio de Salud (MINSAL) no tiene facultades legales para restringir derechos fundamentales de los ciudadanos como, por ejemplo, el libre tránsito.
Bukele se quejó en cadena nacional que los magistrados declararon ilegal la cuarentena no obstante les consultó.
Dijo, además, que también participó un abogado representante de los magistrados.
El 8 de junio la Sala declaró inconstitucional el Decreto Ejecutivo 29 que regulaba la cuarentena domiciliaria. Ese día también ordenó a los diputados y al Gobierno a sentarse a acordar una nueva ley de cuarentena.
Sin embargo, en el plazo de cuatro días no lo hicieron pese a las reiteradas invitaciones tanto del Gobierno como de la Asamblea.
El Gobierno los invitó a sentarse a trabajar en el Hospital San Rafael, de Santa Tecla; los diputados invitaron a los funcionarios primero a la Asamblea y después a las instalaciones de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA).
Se terminó el plazo y no aprobaron una ley por consenso sino que cada uno por su lado hizo lo suyo.
El viernes en la madrugada la Asamblea aprobó la Ley Especial de Emergencia por la Pandemia COVID-19, Atención Integral de la Vida, la Salud y Reapertura de la Economía.
En la cadena del sábado en la noche Bukele anunció que la vetará.