El Tiempo, periódico de mayor circulación en Colombia, señala el giro que Nayib Bukele dio a partir de febrero pasado, cuando militarizó la Asamblea Legislativa y amenazó con legislar para aprobar la negociación de un préstamo destinado a seguridad. Desde entonces, según El Tiempo, el presidente salvadoreño ha violado derechos humanos y ha roto el estado de derecho. Esas acciones, dice el prestigioso periódico colombiano, “sugirieron que una nueva forma de hacer cosas tendrá que esperar en El Salvador”. A continuación reproducimos el artículo.
En su exitoso intento de llegar a la presidencia de El Salvador, Nayib Bukele se definió como un extraño, fundando un partido político bajo el manto de “Nuevas Ideas”. Después de su elección en 2019, prometió una “nueva era” para El Salvador. Pero las imágenes compartidas por el joven presidente el 26 de abril, de cientos de pandilleros encarcelados semidesnudos, esposados casi uno encima del otro en desafío a los protocolos de distanciamiento social que Bukele ha ordenado para el resto del país, sugirieron que una nueva forma de hacer cosas tendrá que esperar en El Salvador.
“Lo que Bukele está ordenando es realmente una continuación de las medidas que hemos visto antes”, dijo la Dra. Sonja Wolf, profesora del Centro de Investigación y Docencia Económicas de México y autora de ‘Mano dura: la política del control de pandillas en El Salvador’, a AQ. “Es impactante y alarmante ver esto, pero no es la primera vez que los gobiernos han actuado con dureza contra miembros de pandillas o han tomado medidas drásticas en las cárceles”.
Después de que los homicidios aumentaron en todo el país luego de semanas de calma, Bukele ordenó que los prisioneros de las pandillas rivales fueran alojados en celdas abarrotadas. Durante ese fin de semana hubo 60 asesinatos, un cambio radical de una tendencia positiva durante la administración de Bukele hasta el momento. Con autoridad cuestionable para hacerlo, el presidente respondió mediante la autorización a las fuerzas de seguridad de utilizar “fuerza letal” contra los miembros de la banda, algo que su predecesor hizo en 2015.
Las medidas represivas reflejan el tipo de políticas de seguridad duras de las que Bukele se distanció como candidato, y se ajustan a lo que los observadores describen como un patrón de comportamiento antidemocrático que se remonta a su elección. La represión contra las pandillas se produjo menos de dos semanas después de que Bukele desestimó múltiples fallos de la Corte Suprema que decían que las fuerzas de seguridad no podían arrestar legalmente a las personas por romper la cuarentena.
Desde que ordenó un cierre nacional el 21 de marzo, cientos de infractores han sido arrestados y enviados a “centros de contención” donde, según los informes, personas sanas permanecen junto con detenidos contagiados de covid-19 en malas condiciones. En el primer mes del cierre, La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos de El Salvador recibió 778 denuncias.
Pero cuando la Corte Suprema dictaminó que Bukele no tenía la autoridad constitucional para emitir un decreto ejecutivo para el arresto de los infractores del encierro, el presidente no escuchó. En Twitter pidió más detenciones, amenazando a sus electores con un mes de contención, reconociendo que la falta de pruebas de su país podría significar que su permanencia podría ser indefinida.
“Bukele está usando la pandemia como pretexto para concentrar el poder en sus manos y debilitar a las instituciones democráticas que actúan como un freno a su poder”, respondió José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch. “En su mundo, el propio Bukele decide quién es culpable o inocente”, tuiteó Vivanco más tarde.
La imagen de hombre fuerte proyectada por Bukele en los últimos meses contrasta con la imagen del joven y energizante agente de cambio que proyectaba frente a la comunidad internacional antes de asumir el cargo. En 2017, un brillante perfil de ‘Time’ elogió a Bukele por “luchar contra la criminalidad con la creatividad” y luchar contra la “violencia con el trabajo social” como alcalde de San Salvador. Cuando fue elegido presidente, el embajador de Estados Unidos en El Salvador expresó optimismo en la “forma pragmática como ve los asuntos” Bukele.
Para muchos, esa imagen cambió en febrero, cuando Bukele envió soldados armados al Congreso para exigir que financiaran su plan de seguridad. Las imágenes evocan días más oscuros del pasado.
“Febrero fue un punto de inflexión”, dijo a AQ Michael Camilleri, director del Programa de Estado de Derecho Peter D. Bell en el Diálogo Inter-americano.
Para defender sus acciones, Bukele ha podido señalar altas calificaciones de aprobación entre los constituyentes, una encuesta afirmó que el 97 % de los salvadoreños aprobaron su respuesta a la pandemia, y, al menos hasta el pasado fin de semana, mejorar los indicadores de seguridad. Ha criticado duramente a sus oponentes en las redes sociales, acusando, por ejemplo, a los jueces de la Corte Suprema que dictaminaron en contra de sus arrestos de cuarentena de “decidir la muerte de miles de salvadoreños”.
“El estilo de gobierno de Bukele es la intimidación”, dijo a AQ Carlos Dada, fundador y director del sitio web de noticias El Faro.
“Por supuesto que está en contra de las instituciones porque no las controla”, dijo Dada, señalando su falta de mayoría en el Congreso.
Después de enviar soldados al Congreso en febrero, Bukele insistió en un artículo de opinión de ‘The Washington Post’ que respeta la separación de poderes y en su lugar culpó del crimen en el país a las “políticas polarizadoras” del FMLN y Arena, los dos partidos que mantuvieron un fuerte conflicto para aferrarse al poder antes de la elección de Bukele. Pero los críticos del presidente dicen que es su retórica divisoria y sus acciones las que están polarizando al país.
“Los debates se manejan de una manera realmente binaria. No hay diálogo”, dijo a AQ Johnny Wright Sol, excongresista y presidente del partido político centrista Nuestro Tiempo. “Estás con él o contra él”.
“La ironía de todo es que ahora tienes al FMLM y Arena trabajando juntos para defender la democracia”, dijo Wright a AQ. “Lo que no pudieron hacer en 30 años, sentarse a la mesa y hablar, este tipo los está obligando a hacerlo”.