Con 61 votos la Asamblea Legislativa logró este jueves superar el veto presidencial al Decreto Legislativo 661, que contiene la “Ley Especial de Emergencia por la Pandemia COVID-19, Atención Integral de la Vida, la Salud y Reapertura de la Economía”, que fue aprobado el pasado 12 de junio de este año.
El veto presidencial fue recibido hoy por el Órgano Legislativo. El presidente de la República, Nayib Buekele, decidió vetarlo por una supuesta inconstitucionalidad.
Ante esta situación, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) deberá resolver una nueva controversia entre el Órgano Legislativo y el Ejecutivo.
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Dicho decreto 661 no contiene, a criterio del Legislativo, los elementos que la Sala de lo Constitucional pidió que se quitaran de una ley para regular la pandemia y además establece que el MINSAL deberá elaborar y ejecutar un Plan Nacional de Prevención, Contención y Respuesta a la pandemia por COVID-19.
Además, esta ley contiene una serie de fases de reapertura económica que iniciará desde el 16 de junio y que contempla una reapertura completa a partir del 18 de agosto, con diferentes sectores económicas que abrirán progresivamente y con medidas de estricto cumplimiento para evitar focos de contagio.
Esta ley se aprobó luego de que la Sala ordenó la creación de una nueva normativa consensuada entre Gobierno y diputados, sin embargo, la reunión entre ambos órganos del Estado no se concretó y los legisladores optaron por aprobar una nueva ley, con el argumento de que esta contiene las discusiones y aportes del Ejecutivo, con el que se reunieron a finales de mayo.
«Hicimos un trabajo responsable sobre el decreto 661. Estuve dentro del público durante reuniones entre el Ejecutivo y Legislativo. En lo que no nos pusimos de acuerdo es el rol de esta Asamblea exigiendo transparencia y una contraloría social», dijo el diputado Ricardo Velásquez.
Por su parte el diputado Carlos Reyes dijo que, «si esta ley hubiese entrado en vigencia el gobierno tendría herramientas para hacerle frente a la pandemia. Se esperó hasta el último momento para vetarla. El Decreto Legislativo contemplaba un estado de emergencia por 15 días para atender la vida, salud en el marco del COVID».
Ayer funcionarios del Gobierno llegaron a la Asamblea Legislativa para presentar una propuesta de Régimen de Excepción por 15 días para enfrentar la pandemia de coronavirus (COVID-19) que afecta al país.
El proyecto de ley incluye la restricción de tres garantías constitucionales: Libertad de tránsito, libertad de reunión e inamovilidad de residencia.
Según explicó Javier Argueta, asesor jurídico de la Presidencia, este nuevo proyecto de ley fue consensuado en una reunión que sostuvo el Consejo de Ministros, tras revisar un informe presentado por el Ministerio de Salud.