Después que la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) dio un plazo de cuatro días para elaborar la ley que normará el reinicio de las actividades económicas y de protección de los ciudadanos en medio de la pandemia de coronavirus, el Gobierno de Nayib Bukele y la Asamblea Legislativa se citaron mutuamente para comenzar a trabajar en ese sentido.
Sin embargo, cada uno lo hizo a su manera: el diputado Mario Ponce citó a Bukele y a sus funcionarios (principalmente a Francisco Alabí, ministro de Salud y a los secretarios de Casa Presidencial Conan Castro y Ernesto Castro así como a los asesores de cada uno de ellos) a una reunión en la Comisión Política de la Asamblea este martes a las dos de la tarde.
Anteriormente, los funcionarios de Bukele se reunieron con los diputados en el Centro Cívico Cultural Legislativo, construido hace cinco años sobre la alameda Juan Pablo II. El encuentro se desarrolló en un auditorio con un reducido público.
“Se le hace una atenta invitación a fin de que en forma conjunta podamos buscar consensos para la emisión de una normativa que permita abordar la disminución o solución de la pandemia COVID-19, por ello, se le ruega designar a los funcionarios que usted tenga a bien a una reunión con la Comisión Política”, puede leerse en un extracto de la carta oficial que el presidente de la Asamblea mandó a Bukele.
En la misiva también le recordó que todos los partidos políticos con representación en la Asamblea, es decir, Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), Gran Alianza por la Unidad (GANA), Partido de Concertación Nacional (PCN) y Partido Demócrata Cristiano (PDC) mostraron “voluntad política” para retomar la discusión de la Ley Especial Transitoria de Emergencia por la Pandemia COVID-19, Atención Integral de la Vida, la Salud, y Reapertura de la Economía.
La respuesta de Bukele, sin embargo, fue en otro sentido.
A través de sus cuentas de redes sociales publicó: “La vez pasada los invitamos a Casa Presidencial y no quisieron llegar. La Asamblea Legislativa luego invitó y nuestro equipo fue durante seis días al lugar y hora que ellos dijeron. Ahora, nos toca poner el lugar a nosotros: el Hospital San Rafael. No tienen nada que temer, es una gripita”.
Inmediatamente Alberto Romero, diputado de ARENA, respondió al mandatario en redes sociales: “Siempre de ridículo presidente Bukele, aquí lo esperamos en la Asamblea sin soldados”.
El 9 de febrero Bukele irrumpió el Salón Azul de la Asamblea custodiado por docenas de policías y militares incluso en las afueras de la Asamblea permanecieron apostados en los edificios contiguos francotiradores.
El presidente había convocado a los ciudadanos a presionar para que los diputados aprobaran un préstamo por 109 millones de dólares para financiar un plan de seguridad contra las pandillas.
Desde una tarima en los alrededores de la Asamblea, Bukele dijo que el “28 de febrero los diputados van a salir por la puerta de atrás, yo les pido paciencia, si estos sinvergüenzas no aprueban esta semana la fase tres del plan control territorial nos volvemos a convocar aquí el próximo domingo”.
Ayer el Gobierno convocó a empresarios de distintas gremiales, entre ellas la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP) para preparar el plan de reapertura económica que había previsto echar a andar el 16 de junio.
El Ministerio de Trabajo y Previsión Social (MINTRAB) también anunció la semana pasada que estaba elaborando protocolos para el retorno a las actividades económicas.
Los magistrados declararon ilegal el Decreto Ejecutivo número 29 que prolongó la cuarentena domiciliaria sin oportunidades de reapertura económica hasta el 15 de junio, no obstante las condiciones económicas negativas visibles en los ciudadanos que salen a las calles a pedir comida y otras ayudas.
En la sentencia los magistrados aclararon que la restricción de derechos constitucionales ininterrumpidamente no es una de las facultades del Gobierno Central. Entre el inicio de la cuarentena el 21 de marzo y este día transcurrieron casi tres meses.
Es decir, vía decreto el Ministerio de Salud ni ninguna otra instancia del Gobierno puede restringir derechos de los ciudadanos.
