La Corte de Cuentas de la República (CCR) advirtió este sábado que, ante la falta de una ley de emergencia vigente, los funcionarios públicos ya no podrán hacer compras directas.
“Todo proceso de adquisición de obras, bienes y servicios de cualquier naturaleza se deben de realizar de conformidad a lo establecido en la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP)”, dice un comunicado de la CCR.
Luego agrega: “Por lo que, toda compra que no se realice conforme a los criterios establecidos a la referida ley, será objeto de observación por parte de esta Corte en las auditorías correspondientes, en cumplimiento de las facultades establecidas en el artículo 195 de la Constitución de la República”.
Este sábado venció el plazo que la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) otorgó a los órganos Ejecutivo y Legislativo para ponerse de acuerdo en la creación de una ley de emergencia.
La Asamblea Legislativa aprobó la madrugada del viernes una nueva “Ley Especial de Emergencia por la Pandemia COVID-19, Atención Integral de la Vida, la Salud y Reapertura de la Economía”, luego de que el Ejecutivo y los diputados no lograran reunirse para crear una nueva legislación ante la emergencia por coronavirus.
La nueva ley contiene una reapertura económica por fases, cuyas fechas, de acuerdo al presidente del Legislativo, Mario Ponce, fueron consensuadas junto a los representantes del Gobierno en mayo pasado.
En cuanto a las fases de reapertura económica, la ley establece que “se iniciarán las labores del sector público y privado con las medidas sanitarias dispuestas en la presente ley, el dieciséis de junio, dicha fase finalizará el seis de julio”.
La segunda fase iniciará el 7 de julio hasta el día 27, la tercera comprende entre el 28 de julio al 17 de agosto y la cuarta fase partirá desde el 18 de agosto en adelante.