La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) suspendió este lunes el estado de emergencia decretado por el presidente Nayib Bukele la noche del pasado sábado.
A través de una resolución, la Sala decretó una medida cautelar “en el sentido de que se suspenden inmediata y provisional los efectos” del decreto ejecutivo que contiene el estado de emergencia.
“Mientras se tramite este proceso de inconstitucionalidad, las autoridades del Órgano Ejecutivo no podrán ejercer ninguna de las atribuciones que dicha normativa establece; asimismo, se suspenden los efectos de cualquier acto o norma que sea consecuencia del aludido Decreto Ejecutivo n° 18”, dice la resolución.
Además, la Sala resolvió que el presidente Bukele rinda un informe en el plazo de diez días hábiles sobre el decreto ejecutivo que establece la ley de emergencia, específicamente “en relación con los artículos 131 ordinal 5° y 142 de la Constitución”.
Asimismo, la Sala requirió a la Asamblea Legislativa y al Órgano Ejecutivo que “realicen un esfuerzo mutuo para llevar a cabo las acciones necesarias orientadas a emitir en el menor plazo posible una ley de emergencia».
Esta nueva ley de emergencia, según la Sala, debe garantizar los derechos de los salvadoreños a la salud y «a la vida en todas sus dimensiones”.
Entre otras cosas, el demandante estableció en la demanda que el presidente Bukele “alteró el principio de división de poderes” porque decretó un estado de emergencia que “únicamente le corresponde a la Asamblea Legislativa”.
“El estado de emergencia declarado en el Decreto Número 18 anula los controles de constitucionalidad en materia presupuestaria que le corresponden a la Asamblea Legislativa, en tanto permite que el Ejecutivo actúe sin los requisitos de la LACAP para las contrataciones y adquisiciones que realice la Administración Pública”, escribió el demandante.
Asimismo, alegó que el Decreto Ejecutivo Número 18 solamente prorrogó el Decreto Legislativo Número 593 que contiene la ley de emergencia.
El presidente Nayib Bukele contestó la resolución de la Sala de lo Constitucional a través de Twitter: “Y en un acto sin precedentes, la Sala le quita una facultad a la Presidencia de la República, una facultad que HAN TENIDO Y UTILIZADO TODOS LOS PRESIDENTES DE EL SALVADOR, en tiempos de emergencia”.
El sábado en la noche el presidente Bukele decretó el estado de emergencia argumentando que la Asamblea Legislativa había ignorado todos los proyectos de ley que les presentó y que por eso mismo no se había reunido.
El decreto facultaba al Gobierno a realizar cualquier actividad relacionada con la contención de la pandemia de coronavirus, incluyendo realizar compras directas saltándose la Ley de Adquisiciones y Contrataciones del Estado (LACAP).
Además, la ley de emergencia mantuvo suspendidas las actividades en el sistema educativo privado y público así como los pagos de servicios básicos y de préstamos que hayan comprado los ciudadanos.
En el momento de anunciar el decreto de emergencia amparado en la Ley de Protección Civil, los funcionarios advirtieron que el sistema público de salud está al borde del colapso y que no había más alternativa que mantener el estado de emergencia para evitar que la cuarentena domiciliaria perdiera vigencia.
Al día siguiente, es decir el domingo, la Fiscalía General de la República (FGR) presentó demanda de inconstitucionalidad contra el decreto alegando que Bukele había cometido usurpación de funciones, es decir, que había legislando.
Mientras tanto el presidente ha justificado que si no extendía la emergencia los ciudadanos, en primer lugar, perderían el derecho a diferir los pagos de sus facturas de contratos de servicios o de contratos de préstamos con bancos u otros productos, los empleados del Estado iban a verse obligados a ir a trabajar desde este lunes.
Similares fueron los argumentos de los expertos jurídicos de la Presidencia: fue emitido porque la Asamblea no se reunió ni el viernes ni el sábado para aprobar la nueva declaratoria de emergencia.
Se basaron en un informe de la Comisión Nacional de Protección Civil que señalaba el aumento de los contagios de coronavirus registrados en las últimas tres semanas.