El secretario jurídico de la Presidencia, Conan Castro, confirmó que el Gobierno pretende extender la cuarentena domiciliar al menos hasta el 31 de mayo, ya que solicitarán a la Asamblea Legislativa una nueva prórroga de 15 días.
«Vamos a pedir una prórroga de la cuarentena que se vence el 16 de mayo para unos 15 días más», confirmó Castro en una entrevista televisiva este martes.
El régimen actual de cuarentena domiciliar tiene una vigencia hasta el 16 de mayo y comenzó a aplicarse el 21 de marzo. Si vuelve a extenderse, se aplicará del 17 de mayo al 31.
Esta medida está respaldada en el decreto de estado de emergencia aprobado el 14 de marzo con 83 votos de los diputados y da facultades al Ministerio de Salud para ejecutar este tipo de cuarentenas.
Dicha ley de emergencia aprobada en marzo tuvo vigencia de 30 días pero se amplió tres veces más, la primera por 3 días y luego dos extensiones de 15 días cada una.
El estado de emergencia vence el 16 de mayo, aunque con la ley de cuarentena aprobada en la Asamblea Legislativa mediante decreto 639, dicha medida seguirá vigente al menos hasta el 21 de mayo.
Para dar el aval a una nueva ampliación, el presidente de la Asamblea, Mario Ponce, sostuvo el 4 de mayo pasado que es necesario que el Gobierno presente una propuesta de reapertura económica gradual y una focalización de la cuarentena, o sea que haya más grupos de personas habilitados para circular.
En ese sentido, Conan Castro dijo que «se está trabajando para que el 22 de mayo poco a poco se reactive la economía nacional en al menos un 20%», aunque enfatizó que eso será «siempre y cuando baje la curva de contagios».
Hasta este miércoles por la mañana, los casos de coronavirus siguen en ascenso, con 613 contagios solo en el mes de mayo y un total de 1,037 pacientes, de los cuales 20 han fallecido.
El Gobierno, ante esta subida de contagios, decretó la suspensión del transporte público y ordenó que la circulación de personas en las calles para comprar alimentos y medicinas sea mediante un horario determinado según la terminación de su documento de identidad (DUI).
Esta medida fue criticada, entre otros, por el presidente de la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP), Javier Simán.
Al respecto, calificó ese decreto ejecutivo como «inconstitucional». También dijo que era una acción «excesiva» y «violatoria».