¿Cuáles son los criterios con los que fueron seleccionadas 100 mil personas para recibir cada una 300 dólares? Esa es la gran pregunta que la Corte de Cuentas (CCR) hizo al Gobierno de Nayib Bukele en la auditoría preliminar al mecanismo de entrega de 300 dólares para los ciudadanos que fueron más afectados con la suspensión parcial de las actividades económicas para frenar la propagación del coronavirus.
Ese cuestionamiento, hasta el momento, no ha sido respondido, según el informe Plan de fiscalización de los recursos utilizados en el marco de la emergencia nacional por la pandemia de Covid-19.
En la entrega del dinero hubo cuatro momentos, de acuerdo con la información que la Secretaría de Innovación de Casa Presidencial y el Ministerio de Economía (MINEC) entregaron a la Corte: los primeros beneficiados fueron tomados de la base de datos del subsidio al gas licuado cuya actualización más reciente es de marzo de 2020, luego sumaron 85 mil ciudadanos que reclamaron por no haber sido incluidos, agregaron más que censaron la Unidad de Reconstrucción del Tejido Social y la Secretaría de la Mujer y finalmente adicionaron a los que reclamaron vía telefónica.
En total recibieron el dinero 1.2 millones de ciudadanos y de esos 100 mil se desconoce por qué fueron beneficiados.
En total el Gobierno distribuyó 350 millones de dólares de los cuales 30 millones de dólares llegaron a manos de personas que se desconocen con qué criterios fueron beneficiadas.
El dinero el Ministerio de Hacienda lo tomó del Fondo de Protección Civil, Prevención y Mitigación de Desastres (FOPROMID).
La auditoría preliminar de la Corte de Cuentas comenzó el 14 de abril en el MINEC y en la Secretaría de Innovación cinco días después.
El viernes 27 de marzo el Gobierno anunció el inicio del pago del dinero a 1.5 millones de beneficiados. Fue el presidente Bukele el que dio a conocer el mecanismo de entrega en una conversación vía redes sociales con el cantante puertorriqueño René Pérez Joglar, más conocido por su nombre artístico Residente del grupo Calle 13.
En un primer momento los ciudadanos podían consultar en una página en línea si habían sido beneficiados o no con la entrega del dinero. Sin embargo, la página colapsó y el 30 de marzo miles de personas salieron a las calles a reclamar por qué iban a recibir el dinero.
Hubo aglomeraciones en las entradas de los Centros de Atención por Demanda (CENADE) donde las personas llegaron a pedir ser incluidas en el subsidio. Eso provocó el rompimiento de la cuarentena y el distanciamiento social, tan necesarios para evitar la propagación de la enfermedad originada en China.
FOTO: D1/MIGUEL LEMUS
Después de eso Bukele ordenó cerrar las consultas en los CENADE y dijo que el Gobierno había habilitado centros de llamadas en los que los ciudadanos podían reclamar vía telefónica.
Las primeras entrevistas eran realizadas en un centro de llamadas y si podía ser beneficiado era transferido a un segundo centro de llamadas, de acuerdo con los resultados de la auditoría preliminar de la Corte.
El 13 de abril la magistrada de la Corte de Cuentas, Carmen Elena Rivas Landaverde, aclaró que el organismo contralor no investigará a las personas que recibieron, sin criterios válidos, los 300 dólares sino que pedirá cuentas al Gobierno, en este caso a la Secretaría de Innovación y al MINEC.
También establecerá en cuántos casos el Gobierno incumplió sus propios criterios para entregar el dinero.
Si las observaciones no son subsanadas es probable que la Corte imponga responsabilidad patrimonial contra funcionarios, es decir, que los obligue a reintegrar al Estado todo el dinero que sin necesidad pudieron haber recibido algunos salvadoreños.