En una lista en la que figuran países reconocidos por que en ellos son cometidas graves violaciones a los derechos humanos como en Camboya, Uganda o Azerbaiyán, aparece junto a ellos El Salvador, único país latinoamericano en dicha lista.
Esa lista la elaboró The Economist, una prestigiosa revista internacional y la publicó en un artículo titulado Los aspirantes a autócratas están usando el COVID-19 como una excusa para obtener más poder.
El texto inicia recordando que el 13 de abril, durante una discusión sobre cuándo y cómo Estados Unidos debería flexibilizar el confinamiento, Donald Trump aseguró tener «poder absoluto» para decidir sobre cómo, cuándo y dónde, anulando a los gobernadores estatales. Pero la constitución estadounidense es clara sobre los límites del poder presidencial y no tiene capacidad para hacerlo.
Similares fueron las acciones de Viktor Orban: el 30 de marzo el parlamento de Hungría aprobó una ley contra el coronavirus que le dio al primer ministro poderes ilimitados sin fecha de caducidad. Esos poderes ilimitados los puede revocar la institución que los aprobó pero todo indica que eso difícilmente sucederá porque la mayoría parlamentaria la tiene el partido de Orban.
“El COVID-19 está permitiendo para que los autócratas y los aspirantes a autócrata afiancen su poder. Ellos insisten en que necesitan poderes extraordinarios para proteger la salud pública”, puede leerse en un párrafo del artículo publicado el 23 de abril.
De acuerdo con el Centro de Derechos Civiles y Políticos, con sede en Suiza, unos 84 países en todo el mundo declararon estado de emergencia desde que la pandemia se extendió. Muy probablemente algunos países finalizarán esas duras medidas conforme el coronavirus escampe. Pero en otros países la deseada flexibilización y descentralización del poder no regresará.
“El peligro es mayor no en democracias maduras con controles y equilibrios fuertes, como en Estados Unidos, sino donde tales salvaguardas son débiles, como Hungría”, dice un párrafo del texto.
En la lista de Orban también están, según la revista londinense, Vladimir Putin que asumió poderes adicionales después de un asedio escolar que involucró a terroristas en Beslán, una ciudad cerca de la frontera de Rusia con Georgia y que nunca más soltó; o Recep Tayyip Erdogan, presidente de Turquía, que impuso un estado de emergencia después de un golpe de estado fallido en 2016, y desde entonces ha gobernado como un sultán; en Togo el presidente tiene el poder de gobernar por decreto, aunque en teoría esta facultad se agota en unos pocos meses; la ley de emergencia de Camboya le da al gobierno el poder de tomar cualquier «medida que se considere apropiada» para combatir la enfermedad: puede restringir el movimiento de las personas, prohibir las reuniones públicas, censurar las redes sociales, confiscar bienes y declarar ley marcial y cualquiera que no «respete» la ley enfrenta hasta diez años de prisión.
Esos poderes superan los que los gobiernos democráticos han asumido para luchar contra el coronavirus, pero los regímenes señalados intentan retratarlos como normales.
Algunas restricciones a la libertad son razonables dada la escala de la emergencia. Las reuniones grandes pueden propagar la infección, por lo que limitarlas por un tiempo tiene sentido. Pero también ayuda a los regímenes dispuestos a sofocar las protestas, según la revista.
“En El Salvador, más de 2.000 personas han sido encerradas por violar estrictas reglas de distanciamiento social, a menudo frustrando su propósito. Su Corte Suprema le ha dicho al gobierno que deje de detener arbitrariamente a personas en condiciones inhumanas que puedan propagar la enfermedad. Pero su presidente, Nayib Bukele, se ha negado (a través de Twitter) a obedecerlo. Por lo tanto, el coronavirus ha precipitado una crisis constitucional en uno de los países más violentos de América Latina”, dice The Economist sobre El Salvador.
Las reglas de distanciamiento social pueden aplicarse selectivamente, por ejemplo, contra los adversarios políticos. El presidente de Azerbaiyán, por ejemplo, ha dicho que el «aislamiento» de los miembros de la oposición puede «convertirse en una necesidad histórica» y muchos fueron aislados por supuestamente violar la cuarentena.
Las minorías también están en riesgo. En Uganda, la policía allanó un refugio que albergaba a 20 personas homosexuales y transgénero y luego los acusó de «congestión en un dormitorio de escuela dentro de una pequeña casa».
Para vencer al virus será necesario rastrear quién ha sido infectado, rastrear sus contactos y ponerlos en cuarentena. Esto puede involucrar vigilancia intrusiva. La mayoría de las personas entregarán algo de privacidad temporalmente para salvar vidas. Los buenos gobiernos tomarán solo los datos que necesitan de sus ciudadanos y lo harán solo cuando lo necesiten. Otros no lo harán, dice el artículo.
La ley de emergencia de Camboya permite la vigilancia ilimitada de ciudadanos privados. Moscú está analizando un esquema por el cual todos tendrían que registrar sus datos personales en una página en línea.
Indonesia y Filipinas también han dado al ejército la responsabilidad principal de combatir el coronavirus. Parece algo pragmático: solo las fuerzas armadas pueden operar efectivamente en estos dos estados del archipiélago. También son populares.
Hay preocupaciones: Rodrigo Duterte, presidente filipino, ha pedido públicamente a las fuerzas de seguridad que maten a tiros a los alborotadores.
La pandemia está interrumpiendo seriamente las elecciones, dice The Economist. Corea del Sur, por ejemplo, mostró en abril que un país rico bien gobernado puede organizar una votación mientras mantiene la distancia social.
Aunque, para algunos líderes, esa es una excusa bienvenida para retrasar su juicio con los votantes.
Se han pospuesto las repeticiones de elecciones manipuladas por orden judicial en Bolivia. Las de Malawi también podrían retrasarse. Eso dejaría la presidencia con Peter Mutharika, cuya victoria el año pasado fue declarada inválida después de que sus partidarios usaran Tipp-Ex para alterar los recuentos de votos.