La Fiscalía General de la República (FGR) presentó demanda de inconstitucionalidad contra el decreto número 18 que contiene la declaratoria de emergencia que aprobó el sábado en la noche el presidente Nayib Bukele.
“Se solicita como medida cautelar la suspensión del mismo”, señaló la Fiscalía en su cuenta de Twitter.
La demanda fue presentada vía digital, de acuerdo con personal de comunicaciones de la institución.
En un comunicado divulgado anoche la Fiscalía dijo considerar que el presidente Nayib Bukele había usurpado las funciones de la Asamblea Legislativa.
En sus cuentas de redes sociales, el presidente Nayib Bukele afirmó que si no extendía la emergencia los ciudadanos, en primer lugar, perderían el derecho a diferir los pagos de sus facturas de contratos de servicios o de contratos de préstamos con bancos u otros productos, los empleados del Estado iban a verse obligados a ir a trabajar desde el lunes 18 de mayo, entre otros.
Señaló, además, que la Asamblea Legislativa se negó a aprobar la propuesta de decreto de emergencia pese a que, según él, Casa Presidencial la mandó el jueves y que convocó a una reunión a los diputados a la que solo llegaron representantes de los partidos Gran Alianza por la Unidad (GANA), Partido de Concertación Nacional (PCN) y Cambio Democrático (CD).
“Dejaron a nuestro país sin Estado de Emergencia, en pleno pico de una pandemia, que ha puesto de rodillas a las naciones más poderosas del mundo. ¡Una infamia!”, criticó.
Alegó, asimismo, que está dentro de sus facultades declarar la emergencia nacional basándose en el artículo 24 de la Ley de Protección Civil. Lo hizo, según él, porque la Asamblea no solo no podía reunirse sino que se negó a hacerlo, no obstante el incremento de casos de coronavirus en el país registrado desde finales de abril.
“Esto se puede hacer, cuando hay una emergencia, como es este caso (probablemente la emergencia más importante que ha tenido nuestro país en su historia) y cuando la Asamblea Legislativa no este reunida (como es el caso)”, expresó.
Ayer en la noche la Presidencia de la República anunció que había decretado estado de emergencia amparado en el artículo 24 de la Ley de Protección Civil.
La declaratoria ha implicado, de acuerdo con las versiones de los funcionarios, la extensión del decreto de emergencia cuya vigencia caducó ayer.
Con esa nueva declaratoria el sistema público de educación mantiene suspendidas sus labores así como los ciudadanos también pueden diferir el pago de las facturas de los servicios básicos y de contratos de préstamos.
En conferencia de prensa esta tarde los miembros del Gobierno de Bukele alegaron que el decreto fue emitido porque la Asamblea no se reunió ni el viernes ni el sábado para aprobar la nueva declaratoria de emergencia.
Conan Castro, secretario jurídico de la Presidencia, dijo que ayer a las seis de la tarde la Comisión Nacional de Protección Civil presentó un informe en el que señalaba que el sistema nacional de salud está a punto de colapsar como consecuencia del aumento de contagios de coronavirus registrado en las últimas dos semanas.
Explicó, además, que la emergencia es el marco que engloba los restantes decretos relacionados con la contención y combate de la enfermedad originada en China.
Recordó que esta herramienta la ocuparon distintos gobiernos, entre esos el del expresidente Carlos Mauricio Funes Cartagena. “El FMLN no habló de usurpación de funciones ni de violaciones constitucionales”, expresó.
Javier Argueta, asesor jurídico de la Presidencia, aclaró que la emergencia es una facultad del Gobierno Central que tiene como antecedentes la Ley de Defensa Civil de 1976 y la Ley de Emergencia de 1988.
“En un evento, desastre, terremoto o pandemia, donde cada hora va muriendo gente, no puede esperar el presidente que los diputados tengan agendas para proteger el derecho a la salud”, comentó.