Rodolfo González, exmagistrado de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) recordó que el historial clínico es información privada que el paciente, sospechoso o positivo a coronavirus, debe conocer inmediatamente y no hasta que al Ministerio de Salud (MINSAL) se le ocurra entregar, como aparentemente ha ocurrido en las últimas ocho semanas.
“Hemos llegado a situaciones irresponsables de decirles a los familiares los resultados de las pruebas (hisopados) en el momento del velorio”, criticó el exmagistrado en entrevista en radio 105.3.
“El que haya una emergencia no habilita al Gobierno a violar derechos constitucionales”, dijo.
A su juicio, además, el Gobierno de Nayib Bukele está incumpliendo las órdenes de la actual Sala de lo Constitucional sobre los ciudadanos recluidos en los centros de contención que van desde que se les practiquen pruebas de COVID-19 de manera inmediata, que se les proporcionen productos básicos para la limpieza, hasta que sean trasladados a sus casas para cumplir en sus casas la cuarentena.
El 25 de marzo, por ejemplo, la Sala ordenó al Ministerio proveer insumos médicos y de higiene a un ciudadano que estaba recluido en el centro de contención instalado en la Villa Olímpica; el 13 del mismo mes los magistrados admitieron 56 recursos de hábeas corpus que presentó igual número de ciudadanos retenidos en el centro de contención de la Segunda Brigada de la Fuerza Armada; el 15 de abril la Sala dejó sin efecto los decretos que emitió el Gobierno Central para justificar las retenciones de ciudadanos que se supone violaron la cuarentena domiciliaria; ocho días después también ordenó a la Policía Nacional Civil (PNC) llevar a su casa a una mujer que fue detenida por salir a comprar víveres.
“Yo veo las resoluciones de la Sala muy respetuosas”, afirmó. “Hay que mantener un mínimo de las reglas del juego”, agregó.
Señaló, además, que existe el riesgo que El Salvador llegue “hasta diciembre” con la economía “destruida” como consecuencia de la prolongación de las medidas de confinamiento.
“El Gobierno está teniendo problemas para conseguir el dinero y en algún momento las plazas de Gobierno estarán en problemas”, advirtió.
Los señalamientos contra el mandatario han venido de varios sectores. El 4 de mayo, por ejemplo, Mari Carmen Aponte, exembajadora de Estados Unidos en El Salvador, dijo: “Cuando el presidente salvadoreño (Nayib) Bukele declaró recientemente que no cumpliría con las decisiones de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador, fue extraordinario. Independientemente de las circunstancias, dicha acción debería ser motivo de preocupación para los salvadoreños”.
También lo cuestionó después que militarizó el Salón Azul de la Asamblea Legislativa como medida de presión para que los diputados aprobaran el financiamiento para una de las fases del Plan Control Territorial.