Cuando un ciudadano crea que un vecino o conocido suyo está enfermo de coronavirus podrá avisar al Ministerio de Salud (MINSAL) para que mande personal sanitario que, según la veracidad de la información, podrá realizar pruebas diagnósticas y llevar a centros de cuarentena a la persona señalada, según lo establece la nueva Ley de Regulación para el Aislamiento, Cuarentena, Observación y Vigilancia por el COVID-19 que en la madrugada de este martes 5 de mayo aprobó la Asamblea Legislativa con 56 votos de los partidos Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), Gran Alianza por la Unidad (GANA) y Partido de Concertación Nacional (PCN). Se opusieron el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) y el Partido Demócrata Cristiano (PDC).
El artículo primero de la ley declara todo el territorio nacional sujeto a control de la pandemia de coronavirus facultando al Ministerio a aplicar las medidas necesarias que bien pueden ser restricciones de tránsito o aislamientos o prohibición de salir de las viviendas a determinados ciudadanos o mandarlos a centros de cuarentena por sintomatología relacionada que se supone previamente deberá quedar establecida.
Al igual que los decretos sobre cuarentena que permanecieron vigentes en las últimas cinco semanas, el grueso de los ciudadanos está obligado a permanecer en sus casas y solo podrán salir para provisionarse de alimentos, medicamentos y otros productos de primera necesidad. Solo puede salir una persona de la familia a hacer las compras.
En el articulado también queda establecido que si una persona es sorprendida en la calle sin justificación, los agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) podrán llevarla a una clínica del sistema público de salud para que un médico, en un término de 12 horas, le realice una prueba diagnóstica de la enfermedad originada en China. Si los resultados fueren típicos podrá posteriormente ser trasladada a un centro de cuarentena. Si los resultados fueren negativos podrá quedar en cuarentena domiciliaria.
La cuarentena durará 15 días como mínimo tanto si se realizare en un centro de contención administrado por el Ministerio como si se realizare en la casa de la persona sospechosa.
Si en caso un ciudadano está dentro de un centro de cuarentena en el que fueron diagnosticados pacientes positivos, deberá permanecer en cuarentena hasta seis días más.
Como novedad los laboratorios privados podrán realizar pruebas diagnósticas y las clínicas privadas estarán habilitadas para cuidar a los pacientes que dieron positivo a la enfermedad. Podrán entrar en esto los establecimientos que previamente habilite el Ministerio.
Nidia Díaz, diputada del FMLN, recordó que todas las propuestas de ley de cuarentena presentadas en los últimos cinco días fueron recabadas por la Comisión de Salud de la Asamblea que ya las estaba estudiando para escribir una propuesta que sería analizada durante la celebración de la sesión plenaria programada para el miércoles 6 de mayo. Todo eso, sin embargo, quedó truncado.
El propósito, según ella, era incluir las órdenes de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para proteger garantías fundamentales de los ciudadanos que se supone fueron violentadas en las últimas semanas.
“Lo que vemos es que deja puerta abierta a que se siga cometiendo abuso de poder”, dijo. “Se legitiman los abusos a los derechos fundamentales porque restringen libertad ambulatoria, derecho a un debido proceso y derecho a la salud”, agregó.
Recordó que la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) ha documentado hasta 768 denuncias de violaciones a derechos de tránsito, salud, libertad personal y otros.
“Es un régimen de suspensión (de derechos), de garantías, encubierto”, expresó.
Criticó, además, que entre las personas habilitadas para transitar libremente no hayan sido incluidos los empleados de instituciones contraloras como el Tribunal de Ética Gubernamental (TEG) o el Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer (ISDEMU), no obstante las denuncias de violencia doméstica registradas en plena cuarentena.
Advirtió, además, que faculta amplia discrecionalidad al Ministerio para que restrinja la libertad de tránsito, sin tener competencias legales para hacerlo.
“Estamos mandando nuevamente al encierro a cientos de personas que no tienen una bolsa de frijoles en la alacena”, señaló Rodolfo Parker, del PDC. “Salen de sus casas no por vanidad ni por codicia, por hambre”, agregó.
“Estas cuarentenas han sido diseñadas para martirizar a nuestras gentes”, criticó refiriéndose a los centros de contención de los que han salido muchos ciudadanos contagiados.
“Hay disposiciones propias de la barbarie. Cualquier persona puede ser señalada como sospechosa de tener el COVID, por el señalamiento de un tercero o de un funcionario”, expresó.
Antes de ser aprobada esta nueva ley, la comisión de Hacienda de la Asamblea aprobó al Gobierno comprar hasta 1 mil millones de dólares en deuda para enfrentar la pandemia de coronavirus.
Ese dinero se suma a 2 mil millones de dólares en deuda ya aprobados más reasignaciones presupuestarias de 46 millones de dólares, 757 millones de dólares más 25 millones de dólares tomados de fondos del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS).