La suspensión de derechos constitucionales o régimen de excepción es necesario para prohibir, por ley, reuniones, tránsito y hasta para trasladar de un lugar a otro a los ciudadanos, según Mario Ponce, presidente de la Asamblea Legislativa.
En declaraciones a la prensa esta mañana, el diputado por el Partido de Concertación Nacional (PCN) ejemplificó con que si el Ministerio de Salud quiere sacar a una familia de una casa o aislarla necesitará las restricciones a los derechos constitucionales para hacerlo rápidamente.
“Se necesita, de alguna manera, tener el decreto de restricción de derechos constitucionales, restringir esa zona, restringir por ley las reuniones porque si no los curas van a empezar a hacer misa”, comentó.
También criticó las aglomeraciones que el Gobierno central alentó el 30 de marzo cuando miles de ciudadanos se aglomeraron en las entradas de los Centros de Atención por Demanda (CENADE) para reclamar el no haber sido beneficiados con la entrega de 300 dólares así como también los que fueron beneficiados y se aglomeran diariamente en las entradas de las sucursales bancarias.
“Con la entrega de los 300 dólares ahorita nos van a empezar a salir los contaminados”, afirmó.
Ejemplificó con el caso de una mujer que, según él, fue diagnosticada positivo de coronavirus pero antes de ser ingresada anduvo en bancos cobrando los 300 dólares que el Gobierno entregó a los salvadoreños más pobres. “¿A cuántas personas contaminó la señora?”, cuestionó.
El lunes terminaron los 30 días de vigencia de las restricciones constitucionales de los derechos de libertad de tránsito, de reunión pacífica y de no ser obligado a cambiar de domicilio o legalmente conocido como Ley de Restricción Temporal de Derechos Constitucionales Concretos para Atender la Pandemia de COVID-19.
Fueron 30 días divididos en dos momentos: el primer decreto lo aprobó la Asamblea el 14 y venció el domingo 29 de marzo; el segundo decreto fue aprobado el 29 y terminó el 13 de abril.
El domingo pasado, en la celebración de la sesión plenaria extraordinaria, los partidos Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) y Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) advirtieron que en el contexto de la suspensión de garantías constitucionales efectivos policiales y militares están cometiendo supuestos abusos de autoridad contra los ciudadanos, que además ya fueron señalados por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
Los diputados de esos partidos han señalado que no apoyarán una nueva prórroga del régimen porque la declaratoria de emergencia contiene todas las herramientas que el Ministerio de Salud necesita.
Lo mismo ha señalado la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH).