Diversos organismos internacionales de derechos humanos pidieron al presidente salvadoreño, Nayib Bukele, que acate una sentencia de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia en la que le ordena frenar las detenciones y confinamientos «forzosos» de quienes violen la cuarentena decretada ante la pandemia del COVID-19.
Los jueces constitucionales han prohibido a Bukele y a las autoridades de la Policía «privar de libertad en la forma de confinamiento o internamiento sanitario forzoso a las personas que incumplan la orden de cuarentena domiciliaria».
Bukele prácticamente ha dicho que ignorará dicha sentencia y señaló que no entiende «el deseo mórbido que tienen de que nuestra gente muera». «Pero juré que cumpliría y haría cumplir la Constitución», agregó.
«Así como no acataría una resolución que me ordene matar salvadoreños, tampoco puedo acatar una resolución que me ordena dejarlos morir», expresó a través de su cuenta de Twitter.
Ante esto, el Instituto Iberoamericano de Derechos Constitucional (IIDC)-Sección El Salvador llamó al jefe de Estado a que «ejerza su obligación de velar por la salud pública en el marco de la constitución y la leyes» y le pidió que «cumpla de inmediato con las órdenes judiciales emanadas de la Sala de lo Constitucional» de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
Además, solicitó a los funcionarios de Gobierno «que, al margen de las órdenes que reciban de sus superiores, cumplan con la Constitución, las leyes y con las órdenes de la Sala de lo Constitucional».
«En un Estado constitucional y democrático de derechos las situaciones extraordinarias como la epidemia generada por el virus COVID-19 no habilitan para que los gobernantes violen la Constitución y los derechos fundamentales de las mismas personas a quienes dicen proteger de la epidemia», señaló dicho ente en un comunicado.
Por su parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) aplaudió la sentencia del Supremo y ha instado a las a autoridades de El Salvador a atender la pandemia con el pleno respeto de los derechos humanos.
Añadió que «la suspensión de derechos debe de atender a los principios de necesidad, proporcionalidad, temporalidad y no efectuarse en forma contraria a los establecido en la Convención Americana de Derechos Humanos».
El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional también se ha pronunciado al respecto y recordó al Estado de El Salvador «su obligación de garantizar que las medidas que se adopten ante el COVID-19 tengan enfoque de derechos humanos».
La Sala de lo Constitucional sostuvo que sus fallos «no son peticiones, solicitudes ni meras opiniones sujetas a la interpretación o valoración discrecional de las autoridades a quienes se dirigen, sino que se trata de órdenes de obligatorio e inmediato cumplimiento».
También advirtió que «las actuaciones públicas que contradigan» sus fallos «violan la Ley Primaria y deben generar, sin excepción, la responsabilidad correspondiente».
Además, los jueces del Supremo delegaron al procurador de Derechos Humanos, José Apolonio Tobar, para verificar el cumplimiento de las medidas ordenadas.
También mandaron a la Policía y al Ejército a elaborar un registro de las personas privadas de libertad por violación de la cuarentena domiciliar y las condiciones, motivos y responsables de su detención.
El Salvador registra 6 muertes por el coronavirus SARS-CoV-2 (causante de la enfermedad del COVID-19) y los casos confirmados, en los que se incluye a los fallecidos y a las personas recuperadas (33), suman 164.