Este lunes a la medianoche vencerán las suspensiones de los derechos constitucionales o régimen de excepción que el 14 de marzo aprobó la Asamblea Legislativa, a solicitud del Gobierno de Nayib Bukele, como una medida más, paralelo a la declaratoria de emergencia nacional, para evitar la propagación del coronavirus en El Salvador.
La noche de ese sábado los diputados aceptaron suspender los derechos de libertad de tránsito, de reunirse pacíficamente y de no ser obligado a cambiar de domicilio. Todo quedó establecido en la conocida como Ley de Restricción Temporal de Derechos Constitucionales concretos para Atender la Pandemia COVID-19.
La vigencia de la primera aprobación duró quince dos semanas que terminaron el domingo 29 de marzo. Ese mismo día los diputados de los partidos Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), Gran Alianza por la Unidad (GANA) y Partido de Concertación Nacional (PCN) aprobaron una nueva prórroga vigente para el mismo número de días.
En esa plenaria, sin embargo, ya asomaba un dilema que con el transcurrir de las semanas se ha intensificado: los aparentes abusos de poder que se supone están cometiendo agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y de la Fuerza Armada (FAES) cuando capturan a ciudadanos que se presume violaron la cuarentena domiciliaria vigente desde el 21 de marzo.
En los últimos 30 días de vigencia del régimen de excepción muchos de los ciudadanos que se consideraron violentados en sus derechos fundamentales presentaron recursos de hábeas corpus y demandas amparos en la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
Como parte de las resoluciones los magistrados ordenaron al Gobierno cesar en las retenciones de ciudadanos que están siendo llevados a centros de contención.
El Gobierno, sin embargo, no ha dejado de retener ciudadanos.
Incluso el 7 de abril la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) pidió a los policías y soldados asignados a vigilar el cumplimiento de la cuarentena que no cometan detenciones arbitrarias ni otras violaciones a los derechos fundamentales.
Tres días después de la publicación del comunicado de la Procuraduría, el Gobierno presentó a la Asamblea la petición de prorrogar 30 días más las restricciones de los derechos constitucionales, es decir, hasta el 12 de mayo. La solicitud la conocieron formalmente los diputados ayer en la tarde en la celebración de la plenaria extraordinaria.
El proyecto también habla que las personas que sean encontradas en la calle violando la cuarentena serán llevadas a un centro médico para ser evaluadas y, si presentaran síntomas de coronavirus, serán trasladadas a un centro de contención. En caso negativo serán llevadas a un Centro de Evaluaciones Periódicas en el que deberá permanecer 10 días antes de poder regresar a sus casas.
Ayer, sin embargo, los diputados de los principales partidos de oposición señalaron que cualquier prórroga debería incluir las órdenes de la Sala de lo Constitucional que advirtió que ninguna autoridad puede violentar los derechos fundamentales de los ciudadanos, es decir, que entre otras cosas no pueden ser retenidos ni llevados a la fuerza a un centro de contención.
Ayer el presidente Bukele publicó en sus cuentas de redes sociales: “No saben lo que hacen. Piensan que es una contienda electoral. No saben lo que viene. Lo tienen enfrente y no lo ven”.