Al filo de las seis y 30 de la noche del viernes 10 de abril, el Gobierno de Nayib Bukele presentó a la Asamblea Legislativa dos proyectos de decreto con los que pidió a los diputados que prorroguen el Estado de Emergencia y las restricciones a derechos constitucionales en el contexto nacional y mundial de la pandemia de coronavirus.
Este sábado, desde las nueve de la mañana, los diputados que integran la Junta Directiva se reunieron para analizar los proyectos y decidieron celebrar el domingo a las dos de la tarde la sesión plenaria extraordinaria para aprobarlos.
El proyecto de decreto establece que la restricción a derechos constitucionales debe durar 30 días más, es decir, que si los diputados la aprueban sin modificaciones, terminará el 12 de mayo.
El articulado también establece que las personas que sean encontradas en la calle violando la cuarentena serán llevadas a un centro médico para ser evaluadas y, si presentaran síntomas de coronavirus, serán trasladadas a un centro de contención. En caso negativo será llevada a un Centro de Evaluaciones Periódicas en el que deberá permanecer hasta 10 días antes de poder regresar a su casa.
Mario Ponce, presidente de la Asamblea, confirmó en las cuentas de redes sociales institucionales que el único proyecto que lleva modificaciones es el referido a la declaratoria de emergencia nacional, no así el de restricciones de derechos constitucionales.
Aclaró, sin embargo, que los dos proyectos deben llevar incluidas las modificaciones relacionadas con las sentencias de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que en los últimos cuatro días prohibió, por ejemplo, que policías o soldados puedan retener y trasladar a centros de contención a los ciudadanos que sean encontrados en las calles violando la cuarentena domiciliaria.
“No podemos de alguna manera obviar nuestra responsabilidad. Nosotros siempre hemos dicho que vamos a cumplir las sentencias de la Sala, no las vamos a discutir, no las vamos a negociar, porque las sentencias de la Sala solo se cumplen”, dijo.
“Los pesos y contrapesos tienen que funcionar y en este caso en particular la Sala nos está mandando a que el Asamblea legisle sus resoluciones basadas en los hábeas corpus, en este caso el 148-2020 como también hay un mandato muy puntual al Ministerio de Salud”, agregó Ponce.
El 14 de marzo los diputados aprobaron la declaratoria de emergencia durante 30 días. El decreto estableció que el Ministerio de Salud debía implementar todas las medidas necesarias para contener el coronavirus o enfrentar los casos que pudieran presentarse. Además, las personas debían evitar visitar lugares donde haya altas concentraciones. También quedaron suspendidos los espectáculos públicos y reuniones que representaran riesgo para la salud pública.
La Defensoría del Consumidor debió regular los precios de los productos de salud para evitar el acaparamiento.
En el caso de los trabajadores en cuarentena, nadie puede ser despedido mientras está en ese periodo que puede durar como máximo tres meses. Después de eso se termina la garantía.
El sistema educativo, tanto público como privado, suspendió labores durante 30 días y sus empleados recibirán remuneración ordinaria.
El 29 de marzo los diputados también aprobaron prorrogar, durante 15 días más, la suspensión de los derechos de libertad de tránsito, a reunirse y a no ser obligado a cambiar de domicilio.
En ese decreto ARENA intentó que quedara establecido que los ciudadanos que violaran la cuarentena domiciliaria fueran llevados a sus casas y no a centros de contención. Pero no lo logró.
El FMLN votó en contra.