El pleno de la Asamblea Legislativa superó el veto que el presidente Nayib Bukele hizo al decreto 632 con el que los diputados pretenden proteger a los ciudadanos de los abusos y violaciones a los derechos fundamentales con la justificación de evitar la propagación del coronavirus en El Salvador.
El veto fue superado con 56 votos, es decir, mayoría calificada. La controversia la deberá resolver la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
“Es preocupante que a nivel internacional se catalogue a El Salvador como un país donde se están violentando los derechos humanos”, dijo Cristina Cornejo, diputada del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) sobre la superación del veto.
Rodolfo Parker, del Partido Demócrata Cristiano (PDC) aclaró que la ley de protección de derechos humanos no pretende provocar el incremento de los contagios y las muertes por la enfermedad originada en China sino proteger los derechos de los ciudadanos. “Es nuestra responsabilidad para terminar con el proceso de ley y lo hemos hecho”, expresó.
El miércoles 29 de abril el presidente Nayib Bukele vetó el decreto burocráticamente conocido como Ley Especial para proteger Derechos de Personas durante el Estado de Emergencia decretado por pandemia COVID-19 con el argumento que es inconstitucional porque establece doble regulación violando la seguridad jurídica, irrespeta el principio de proporcionalidad ya que puede dar carta blanca para que haya violaciones injustificadas de la cuarentena domiciliaria poniendo en riesgo la salud de los salvadoreños, entre otros.
“La falta leve y multa que se prevé para quien incumpla la cuarentena no alcanza el fin que se persigue”, dice sobre el decreto que posibilita sustituir la retención y traslado a un centro de cuarentena por violación del confinamiento a una multa.
El choque por el decreto ha derivado de las denuncias de presuntas violaciones a derechos humanos cometidas tanto por miembros de la Policía Nacional Civil (PNC) así como de la Fuerza Armada (FAES).
Los casos han trascendido tanto que incluso la Fiscalía General de la República (FGR) inició una investigación en, por ejemplo, el Puerto de La Libertad, donde los habitantes estuvieron encerrados debido a la declaratoria repentina de un cerco sanitario.