La magistrada Carmen Elena Rivas Landaverde aclaró que la Corte de Cuentas (CCR) no llegará a la casa de ninguno de los ciudadanos que injustificadamente recibieron los 300 dólares que entregó el Gobierno para exigir la devolución del dinero.
Explicó, sin embargo, que por ley la Corte sí tiene la obligación de exigir al Ministerio de Hacienda información sobre los criterios que estableció para distribuir y entregar el dinero a los ciudadanos beneficiados y en base a eso determinará quiénes sí debían recibirlo y quiénes no.
Luego establecerá cuántas veces el Ministerio incumplió sus propios criterios para la entrega del dinero y hará las observaciones.
Si las observaciones no son subsanadas es probable que la Corte imponga responsabilidad patrimonial contra funcionarios, es decir, que los obligue a reintegrar al Estado todo el dinero que sin necesidad pudieron haber recibido algunos salvadoreños.
“Corte de Cuentas no puede llegar a un ciudadano y decirle ‘usted debe reintegrar los 300 dólares porque no tenía derecho’, en este caso es al personal involucrado de acuerdo a los parámetros de actuación”, explicó la presidenta de esa institución en declaraciones que pronunció a la prensa después de brindar una entrevista a un medio de comunicación.
Explicó, además, que ya pidió al Ministerio los criterios establecidos para la entrega del dinero, el plan de distribución, los lineamientos generales, los requisitos para la selección de los beneficiados y otros.
“Si dentro de esos criterios de verificación se encontrare que una persona, ha cobrado dos veces digamos, la Corte hará la observación correspondiente por el incumplimiento al criterio establecido y también pedirá a la administración que debe reintegrar ese dinero pagado en exceso o que no se tenía derecho”, comentó.
El 21 de marzo el presidente Nayib Bukele dio a conocer que el Gobierno iba a entregar hasta 300 dólares a las familias más pobres que no han podido salir a trabajar debido a la vigencia de la cuarentena con la que se pretende evitar la propagación del coronavirus en el país.
El dinero servirá para que los trabajadores independientes o informales puedan comprar alimentos y productos básicos para vivir.
Uno de los primeros requisitos para poder ser beneficiario es que el consumo mensual de energía eléctrica sea menor de 250 kilovatios de energía eléctrica.
De acuerdo con las cifras oficiales, cerca de 1.5 millones de hogares salvadoreños consumen menos de esa cantidad de energía eléctrica, es decir, el 75 por ciento de la población. Se presume que este sector es el dedicado a las ventas callejeras, trabajos en la construcción y otros que no tienen salario fijo mensual.
La entrega del dinero comenzó el 28 de marzo a través de depósitos bancarios. Dos días después la mayoría de sucursales de los Centros de Atención por Demanda (CENADE) fueron abarrotadas por docenas de ciudadanos pobres que aseguraron no haber sido incluidos en el beneficio.