La Fuerza Armada impidió a los cinco comisionados que integran el pleno del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) entrar a sus instalaciones para revisar sus archivos militares relacionados con acontecimientos ocurridos entre 1979 y 1990 en las instalaciones de la Universidad de El Salvador así como también asesinatos tanto de sus estudiantes como de sus autoridades.
“No queremos interpretar esto como una obstaculización… no venimos aquí de visita, venimos aquí a revisar porque somos una autoridad totalmente avalada”, advirtió Silvia Cristina Pérez, presidenta del Instituto, al soldado que fue enviado a impedir la realización de la diligencia administrativa.
“Queda en manos del Instituto qué medidas van a iniciar ellos con respecto a una desobediencia a un mandato… el Instituto tiene la autoridad para denunciar incluso algunos delitos a la Fiscalía”, dijo Nelson Carrillo, apoderado legal de la Nacional.
En su cuenta de Twitter, Francis Merino Monroy, ministro de Defensa, publicó: «Este día se presentaron al EMCFA (Estado Mayor Conjunto de la Fuerza Armada) funcionarios del IAIP para ingresar a los archivos institucionales, irrespetando una medida cautelar de la Sala de lo Contencioso Administrativo. Han bloqueado la salida de las instalaciones. Esto va en contra de cualquier protocolo de seguridad».
El funcionario no especificó a qué resolución se estaba refiriendo ni explicó por qué entonces el apoderado legal de la Fuerza Armada pidió suspender la diligencia si sabía de la existencia de esa supuesta medida cautelar para este caso.
El presidente Nayib Bukele también tuiteó: «El IAIP, último bastión gubernamental del FMLN. Dirigido por comisionados que trabajaron para el FMLN y donaron dinero al FMLN. ¿Inconstitucionalidad? ¿Dónde? ¿Qué hubiera pasado si 3 vehículos hubieran llegado a bloquear la salida del Pentágono?»
El comentario del presidente contradijo su propia posición que dio a conocer a principios de noviembre de 2019 cuando aseguró que, como comandante general de la Fuerza Armada, iba a abrir los archivos de la Guerra Civil para que el juez Jorge Guzmán, que está juzgando la masacre de El Mozote, pudiera acceder a ellos.
«Estamos porque se conozca la verdad en todo su espectro: de la a a la z», dijo en conferencia de prensa.
«Defensa, al impedir que el Instituto como institución de control realice su trabajo, irrespeta el estado democrático de derecho. Hacemos un llamado a la Fiscalía para que inicie las respectivas investigaciones y deduzca responsabilidades», señaló la oenegé FUNDE.
El martes 3 de marzo el pleno del Instituto ordenó la realización de las siguientes diligencias: al Archivo General de la Nación, a través del Ministerio de Cultura, que entregue las actas de expurgo de los archivos militares supuestamente destruidos entre 1975 y 1995 en los que se presume pudieron estar descritos los operativos que devinieron en las ocupaciones del campus central de la Universidad del 19 de julio de 1972, el 26 de junio de 1980 y el 10 de noviembre de 1980, la masacre del 30 de julio de 1975, la represión de una manifestación estudiantil el 25 de julio de 1979, la captura de los miembros del Consejo Superior Universitario del 10 de octubre de 1981 y el operativo en el que fue asesinado el rector Félix Ulloa perpetrado el 29 de octubre de 1980.
La UES también ha pedido información para tratar de dar con el paradero de estudiantes desaparecidos en los años de la Guerra Civil. Algunos de ellos son Salvador Ubao, Teresa Saballos, entre otros.
Parte de esas diligencias eran mandar a un comisionado instructor a revisar el Archivo de Concentración del Estado Mayor de la Fuerza Armada para determinar “la existencia o no de la información solicitada”.
Pero no pudo entrar.
Ayer el Instituto publicó un comunicado en el que anunciaba que el Ministerio de Defensa había recusado a todos los comisionados y pedido la suspensión de la diligencia que comenzó a las nueve de la mañana este viernes.
Los comisionados mandaron el escrito de recusación a la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
Se negaron, sin embargo, a suspender la diligencia.
Desde por lo menos octubre del año 2018 la UES está pidiendo a la Fuerza Armada información sobre los operativos realizados en los años de la Guerra Civil.
Los militares, sin embargo, una y otra vez se han negado a entregar esa información aduciendo su inexistencia o la incapacidad material para reconstruirlos.
Esta negativa ocurre desde que David Munguía Payés era ministro de Defensa en las presidencias de Carlos Mauricio Funes Cartagena, Salvador Sánchez Cerén y se repite en el gobierno de Nayib Bukele Ortez.