Este jueves el pleno de la Asamblea Legislativa acordó aplazar la interpelación de Francis Merino Monroy, ministro de Defensa, que había sido convocado el 21 de marzo para responder las preguntas de los diputados sobre el papel que desempeñó en la incursión del presidente Nayib Bukele al salón azul ocurrida el 9 de febrero.
La decisión la tomaron los diputados debido a la cuarentena y todo lo relacionado con la eminente llegada del coronavirus a El Salvador.
El dictamen del aplazamiento fue unánime.
Este proceso está basado en el numeral 34 del artículo 131 de la Constitución y en el artículo 113 del Reglamento Interior de la Asamblea Legislativa (RIAL).
Cuando se convoca a interpelación los funcionarios están obligados a responder las preguntas y repreguntas que los diputados les hagan. Si no llegan a la sesión plenaria de interpelación quedan automáticamente destituidos.
Hasta el momento no ha sido establecida una fecha específica. El propósito es que explique los pormenores de las estrategias militares implementadas en la incursión de Bukele al edificio de la Asamblea en el Centro de Gobierno.
El 27 de febrero los diputados aprobaron crear una comisión especial que investigará la invasión a la Asamblea que protagonizó Bukele escoltado por docenas de policías y militares.
Los diputados que participarán en la comisión especial para investigar todos los hechos acaecidos antes, durante y después del golpe de Estado fallido contra la Asamblea Legislativa son: Alberto Romero y René Portillo Cuadra, de Alianza Republicana Nacionalista (ARENA); Schafick Hándal y Dina Argueta, del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN); Rodolfo Parker Soto, del Partido Demócrata Cristiano (PDC); y Guillermo Gallegos Navarrete, de Gran Alianza por la Unidad (GANA).
También está previsto convocar a Rogelio Rivas, ministro de Seguridad; Mauricio Arriaza Chicas, director de la Policía Nacional Civil (PNC); y a Pedro Dumas, director del Organismo de Inteligencia del Estado (OIE).
Los partidos ARENA y el FMLN han dicho que pretenden esclarecer quién ordenó que algunos de sus miembros fueran perseguidos y acosados por presuntos espías del Estado.
Desde el 10 de febrero los diputados ya evaluaban la posibilidad de interpelar a los funcionarios del Gobierno de Bukele porque los policías que llegaron a supuestamente custodiar la llegada del presidente neutralizaron a los agentes de seguridad de la Asamblea dando la apariencia de una intromisión de un poder del Estado en otro.
Desde el sábado 8 de febrero Bukele militarizó los alrededores de la Asamblea y convocó a sus simpatizantes, a los que desde el viernes llamó a la insurrección mediante su cuenta de Twitter si los diputados no le aprobaban un préstamo de 109 millones para sus planes de seguridad.