Un importante asesor de la presidencia de la República confirmó a Diario1 que Manuel Ernesto Aguilar, superintendente de Electricidad y Telecomunicaciones, no viajó con Osiris Luna Meza en el avión privado de la empresa mexicana Grupo SeguriTech Integral Segurity.
El miércoles 5 de febrero este medio de prensa digital publicó, basado en información que en sus cuentas de redes sociales divulgó el expresidente Carlos Mauricio Funes Cartagena, que Aguilar había viajado por México acompañando al director de Centros Penales.
El asesor, cuyo nombre no puede darse a conocer porque él así lo pidió, confirmó que esa información es falsa. También Aguilar lo negó a través de una breve declaración.
El 1 de febrero de 2020 Funes Cartagena publicó que Grupo SeguriTech pagó el viaje en avión del funcionario. El ahora nicaragüense dio a conocer un memorando que le filtró una fuente del Ministerio de Seguridad que tiene sello del Viceministerio de Seguridad y de Luna Meza. Un extracto dice: “Con el deseo de fortalecer y conocer la experiencia de Modelos de Seguridad en el exterior y evaluar las posibilidades de ser replicados en El Salvador, tengo a bien hacer de su conocimiento que he recibido invitación por parte de Grupo SeguriTech Integral Segurity en la Ciudad de México, con quienes sostendremos reuniones y visitas a los sitios donde nos darán a conocer la infraestructura y tecnología con la que dicho Grupo opera”.
Luna Meza se había negado a dar a conocer quién había pagado su viaje en un avión privado debido a que los costos de un vuelo de ese tipo son superiores a los 25 mil dólares.
El caso llegó hasta el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) que ordenó la entrega de la información.
Luna Meza, sin embargo, se negó a revelarla alegando que era privada porque no se habían ocupado fondos públicos. Ahora puede decirse, sin embargo, que mintió porque ni una oenegé le pagó el viaje y sí ocupó fondos públicos porque solicitó viáticos y gastos de terminal aérea. Por esto Juan Valiente Álvarez, director de Asuntos Políticos de Nuestro Tiempo, lo demandó en el Tribunal de Ética Gubernamental (TEG) por violaciones a la ética pública y señaló también que pudo haber cometido falsedad ideológica, un delito tipificado en el Código Penal.
La Ley de Ética Gubernamental (LEG) prohíbe a los funcionarios recibir cualquier tipo de prebenda de una empresa con potencial interés en convertirse en proveedora del Estado. Las excepciones a esta regla son los viajes que pueden financiar otros Estados, organismos internacionales u oenegés sin propósitos de lucro.
Estas prohibiciones las estableció la Asamblea Legislativa en los artículos 6 y 8 de la LEG.