Othon Sigfrido Reyes Morales, expresidente de la Asamblea Legislativa, aseguró que es un perseguido político porque la demanda por presunto enriquecimiento ilícito que este viernes presentó en su contra la Fiscalía General de la República (FGR) está basada en un informe que en realidad lo absolvió.
Reyes Morales criticó la demanda en su contra a través de su cuenta de Twitter pues desde finales del año 2019 huyó de El Salvador y la Policía Nacional Civil (PNC) presume que está escondido en Francia o en Rusia.
“En una nueva etapa de la persecución política contra mi persona y mi familia, la FGR presenta una perversa demanda por presunto enriquecimiento ilícito, basado en un proceso inconstitucional nacido de la CSJ”, publicó refiriéndose al informe de la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que en un primer momento concluyó que no había indicios de delitos en su crecimiento patrimonial de más de un 1 millón de dólares.
“La conducta de esos magistrados es aberrante: para perseguirme se apartaron de todos sus criterios y precedentes jurídicos con los que exoneraron a muchos funcionarios. Conmigo se decidieron a realizar un linchamiento político”, comentó.
Reyes Morales, al igual que el expresidente Carlos Mauricio Funes Cartagena –actualmente vive escondido en Nicaragua- no nombró defensor para que lo representara en el juicio que actualmente se ventila en su contra en los tribunales de San Salvador por los delitos de peculado, lavado de dinero y estafa agravada. Ante su ausencia su esposa Melba Susana Rodríguez le nombró uno.
Este día los fiscales que presentaron la demanda de enriquecimiento ilícito en su contra explicaron que encontraron en sus cuentas bancarias unos 360 mil 473 dólares de origen oscuro así como un exceso de ingresos en el cobro de viáticos que asciende 99 mil 280 dólares totalizando 450 mil dólares.
A su esposa le encontraron 12 mil dólares injustificados. Al hijo que ambos procrearon, Luis Damián Reyes Rodríguez, le encontraron también dinero injustificado.
A mediados de enero de este año la Fiscalía presentó en su contra el requerimiento fiscal por varios delitos que cometió mientras fue presidente de la Asamblea.
La investigación comenzó en la unidad anticorrupción de la Fiscalía después que Ernesto Muyshondt, entonces dirigente de Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), presentó un aviso basado en las notas periodísticas que publicó La Prensa Gráfica los días 28 de noviembre y 1 de diciembre de 2014 en las que puede leerse que Reyes Morales y su socio Byron Larrazábal compraron cinco inmuebles identificados como 1,2,3,4 y 5 del polígono F de la residencial Greenside, propiedad del IPSFA, en Santa Elena, Antiguo Cuscatlán, por los que pagaron 440 mil 501 dólares que en precio real al público les habrían costado 631 mil 70 dólares. Después los primeros fiscales recibieron el expediente 04-UEDC-2014 relacionado con averiguar posible tráfico de influencias en la administración pública y un sobre de una fuente anónima que muestra que en la sociedad EKO LIME son socios Moris Alexander Bercián, Asmel Arturo Bercián Rivera, Earle René Reyes Morales y su hermano Sigfrido así como Larrazábal.