La Policía Nacional Civil (PNC) llamó a los agentes supernumerarios asignados a los diputados y los concentró en instalaciones de la corporación policial en medio de una tensión entre la Asamblea Legislativa y el gobierno por la aprobación de un préstamo.
Según la Ley de Personas Sujetas a Seguridad Especial, los diputados propietarios tienen derecho a cuatro agentes y los suplentes a dos.
En redes sociales −incluso algunos diputados lo dicen− se afirma que el gobierno ha suspendido la seguridad a los legisladores. No obstante, hasta el momento tanto la dirección de la PNC como el ministro de Seguridad no han dicho nada al respecto.
Para retirar el beneficio de los agentes supernumerarios se tendría que reformar la ley, de acuerdo con abogados, y eso lo tendrían que hacer los mismos diputados.
El choque entre los Órganos Legislativo y Ejecutivo se agudizó cuando el Consejo de Ministros, el jueves por la noche, convocó a una sesión plenaria extraordinaria para que los diputados sometan a votación la aprobación de un préstamo de 109 millones de dólares.
El viernes, con 64 votos a favor, la Asamblea Legislativa declaró improcedente realizar la plenaria extraordinaria convocada por el Consejo de Ministros para el domingo.
Los diputados aprobaron enviar un informe al Consejo de Ministros donde se establece que no existen condiciones materiales que justifiquen la convocatoria extraordinaria.
De acuerdo con la Asamblea Legislativa, no existe un interés de país para realizar la plenaria extraordinaria.
Sin embargo, el Consejo de Ministros mantiene la convocatoria para el domingo y ha llamado a empleados y público en general a que asistan a la Asamblea Legislativa.
Mientras tanto, la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP) formuló un llamamiento al presidente de la República, Nayib Bukele, a que respete el orden constitucional y ejerza su obligación de “procurar la armonía social”.
Mediante un comunicado, la cúpula empresarial del El Salvador dijo que el Ejecutivo no puede excederse en sus funciones al interpretar la Constitución, colocando al país en una crisis institucional por un choque de poderes ante la discrepancia en la aprobación de un préstamo.