El nuevo anteproyecto de la Ley Especial de Justicia Transicional, Reparación y Reconciliación Nacional establece que acusados de crímenes cometidos durante la Guerra Civil solo cumplan la quinta parte de sus penas, siempre y cuando colaboren con las autoridades y reconozcan su culpa.
Específicamente, el artículo 66 del anteproyecto que se estudia en la Asamblea Legislativa manifiesta que “el juez podrá reducir a la quinta parte la totalidad de las penas a imponer” si se cumplan estas condiciones: “(que el acusado) reconozca expresamente su grado de participación sobre los hechos, pida perdón a las víctimas, colabore con el esclarecimiento de los hechos”.
Asimismo, las penas se reducirán también si un condenado por crímenes de guerra “ayude a ubicar el paradero de las víctimas o el de sus restos y ayude a ubicar pruebas de los hechos”.
Este anteproyecto fue presentado a diputados de la Comisión Política y cuerpo diplomático en el país la mañana de este lunes y consiste en un borrador de 74 artículos y 32 páginas en el que se busca cumplir con la sentencia de la Sala de lo Constitucional, que desde julio de 2016 declaró inconstitucional la Ley de Amnistía.
En ese sentido, la Sala de lo Constitucional ha dado tres prórrogas a los diputados para que aprueben finalmente una legislación que no riña con una “verdadera reparación a las víctimas”, por lo que las bancadas deben dar sus votos al nuevo proyecto de ley a más tardar este viernes 28 de febrero.
Sobre este nuevo borrador, el jefe del grupo parlamentario de Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), Carlos Reyes, dijo que “posiblemente no vamos a satisfacer a todo mundo pero en términos generales está ahí contemplado lo que dice la sentencia (de la Sala de lo Constitucional)”.
Reyes también confirmó que habrá reducción de penas a quienes colaboren en las investigaciones, aun si son de lesa humanidad: “Lo que está planteado en la ley es que aquella persona que acepte, que pida perdón, se le pueda reducir cualquier sentencia, de eso se trata”.
En torno a esta iniciativa que discutirán los diputados, y que fue presentada por el presidente de la Asamblea Legislativa, Mario Ponce, diversas organizaciones se manifestaron indicando que el borrador de Ley de Reconciliación no cumple con lo que la Sala de lo Constitucional ordenó.
David Morales, director de derechos humanos de la organización Cristosal, denunció que “un objetivo claro de los partidos políticos en la Asamblea Legislativa sobre Ley de Reconciliación es proteger criminales de guerra: impedir condenas de cárcel y proteger sus patrimonios. Ni el testimonio desgarrador de las víctimas les conmovió lo suficiente para abandonar ese objetivo”.
Mientras que en comunicado conjunto, la Mesa contra la Impunidad en El Salvador, el Grupo Gestor por una Ley de Reparación y la Comisión de Trabajo pro-Memoria Histórica plantearon que “no se produjo una consulta informada, los contenidos de las propuestas en discusión no fueron dados a conocer a las víctimas, a quienes no se les brindó tampoco el mínimo apoyo psicosocial”.
Dicho grupo aglutina a organizaciones como la Universidad de El Salvador, Las Dignas, la Comisión de Derechos Humanos de El Salvador o la Asociación Pro Búsqueda.
También sostuvieron que “condenamos desde ya cualquier intento de aprobar por ‘madrugón’ legislativo (con dispensa de trámite) una propuesta inconsulta de Ley de Reconciliación”.
Nidia Díaz, diputada del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), dijo que “esperaría que antes de la plenaria este documento fuera discutido y presentado a distintos sectores con los que tuvimos consultas y dieron sus aportes”.
“Este documento lo vamos a discutir y vamos a tener como parámetro la sentencia” de la Sala de lo Constitucional, añadió.
La Sala de lo Constitucional ordenó a la Asamblea Legislativa, en un fallo en 2016 y que anuló la amnistía de 1992, crear una nueva legislación enfocada en la reparación de las víctimas.
Dicha anulación permitió la reapertura de procesos penales por crímenes de guerra, entre ellos, la masacre de unos 1,000 campesinos en El Mozote (1981), el asesinato de Óscar Arnulfo Romero (1980) y el de padres jesuitas en el interior de la Universidad José Simeón Cañas (1989).