Con 44 votos a favor, 11 en contra y una abstención la Asamblea Legislativa aprobó la nueva ley de amnistía que perdona los crímenes de guerra a quienes los cometieron a cambio de confesar, pedir perdón a las víctimas o sobrevivientes, ayudar a esclarecer los hechos o, cuando sea el caso, ayudar a encontrar a desaparecidos.
Por la llamada Ley Especial de Justicia Transicional, Reparación y Reconciliación Nacional votaron Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), algunos miembros del Partido de Concertación Nacional (PCN) y el Partido Demócrata Cristiano (PDC).
Para votarla, Mario Ponce, presidente de la Asamblea, convocó de manera extraordinaria esta tarde a sesión plenaria. En conferencia de prensa aseguró que el proyecto cambió en las últimas horas en dos puntos: a quienes confiesen crímenes de guerra los jueces ya no les reducirán la quinta parte de la condena sino la cuarta.
También quedó establecido que los archivos en manos de la Comisión de la Verdad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y de la Fuerza Armada (FAES) serán entregados a la Fiscalía General de la República (FGR) que podrá ocuparlos en futuras investigaciones.
La Fiscalía tendrá un año y no seis meses para investigar crímenes de guerra. Es un plazo doce meses menor que los que establece el Código Penal vigente para crímenes comunes.
Esto, sin embargo, no tiene efecto real ya que los archivos de la Comisión están en Nueva York y los puede pedir el Ministerio de Relaciones Exteriores (RREE), como ya lo había solicitado el Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana (IDHUCA).
Además, la Fuerza Armada ya dicho una y otra y otra vez que no tiene archivos de la época. O al menos así ha respondido en casos emblemáticos como la Masacre de El Mozote y lugares aledaños.
En el proyecto también se ha establecido la creación de un fondo, que para el próximo año será de 10 millones de dólares, para la reparación de las víctimas y sobrevivientes de la Guerra Civil de doce años que protagonizaron el Estado salvadoreño y la entonces guerrilla del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN).
“Decidimos no acompañar porque reconocemos que no expresa plenamente el interés de las víctimas y de las organizaciones representativas”, dijo Anabel Belloso, diputada del FMLN.
Juan José Martell, diputado de Cambio Democrático (CD), recordó que la Asamblea se reunió con representantes de las víctimas y otros organismos internacionales, pero el texto aprobado no cumple los parámetros que estableció la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
«Esta es una condena para las nuevas generaciones. Parece que las palabras justicia y reparación solo aplican a conveniencia», criticó Rebeca Cervantes, de Gran Alianza por la Unidad (GANA).
Tres horas antes de la votación, el presidente Nayib Bukele había anunciado que iba a vetar el proyecto porque incumple los elementos de verdad, reparación y justicia que establece la Sala. «Una verdadera ley de reconciliación no puede ser una ley de amnistía disfrazada», publicó en Twitter.
La Sala había dado tres prórrogas a los diputados para que aprobaran finalmente una legislación que no riña con una “verdadera reparación a las víctimas”.
La última prórroga vencía este 28 de febrero.