El Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) comenzó proceso sancionatorio contra el presidente Nayib Bukele que se negó a entregar información de los pagos que el Organismo de Inteligencia del Estado (OIE) hizo a consultores en concepto de honorarios profesionales así como la estructura de su organigrama.
El 6 de enero de este año el Instituto también anunció que había iniciado procedimiento sancionatorio contra el presidente por negarse a entregar datos básicos del OIE.
En un comunicado explicaba que el mandatario puede estar cometiendo una infracción muy grave, como lo establece el artículo 75 literal A de la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP).
El 13 de diciembre de 2019, en la resolución NUE 114-A-2019 los comisionados ordenaron a la Presidencia de la República entregar a un ciudadano: versión pública del expediente personal del OIE, estructura organizativa, detalle anónimo del personal y detalle desagregado del presupuesto de esa institución.
Con esa resolución el OIE modificó la reserva que la Presidencia de la República hizo de esa información el 20 de noviembre de 2015.
Para negarse a seguir con el procedimiento de entrega, Casa Presidencial aseguró que había presentado un aviso de demanda en la Cámara de lo Contencioso Administrativo de Santa Tecla. El Instituto, sin embargo, nunca recibió una comprobación de esa demanda.
“La Presidencia de la República se encuentra obligada al cumplimiento de lo resuelto por el Instituto”, reitera en el comunicado el IAIP.
El proceso inició después que una Cámara de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) revisó la petición de medidas cautelares que presentó un grupo de abogados de la Presidencia en las que pidió suspender los efectos de una resolución del Instituto: versión pública del expediente personal del director del OIE, su estructura organizativa, detalle anonimizado de sus empleados y los detalles relativos al presupuesto.
En un primer momento la Cámara aceptó suspender los efectos de los cuatro puntos. Sin embargo, después de una audiencia que fue celebrada ayer modificó su decisión y ordenó a la Presidencia cumplir el punto cuatro.
“El Instituto abre proceso sancionatorio de oficio contra el presidente de la República, Nayib Bukele, por el incumplimiento de las obligaciones derivadas de la resolución definitiva del caso 155-A-2019”, publicó el Instituto en su cuenta de Twitter.
El 6 de mayo de 2018 la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) ordenó al entonces presidente Salvador Sánchez Cerén que transparentara el funcionamiento del OIE y además garantizara los derechos laborales de los espías del Estado.
La Sala respondió así a una demanda de amparo que presentaron 32 exempleados del OIE que en mayo de 2014 habían sido despedidos sin aparente justificación y sin derecho de defensa. Los despidos fueron realizados de manera verbal sin espacio para poder defenderse.
Los magistrados asumieron que los despedidos eran empleados permanentes que realizaban actividades pertenecientes al giro ordinario de la institución y que la causa de los despidos radicó en la falta de contrato escrito.