En conferencia de prensa Mario Ponce, presidente de la Asamblea Legislativa, confirmó que ha convocado a sesión plenaria extraordinaria a las 5 y 30 de la tarde para aprobar la nueva de ley amnistía.
Antes de confirmar el propósito de la convocatoria, Ponce aseguró que al proyecto de ley que se espera sea aprobado este día los diputados le modificaron principalmente dos puntos: a quienes confiesen crímenes de guerra los jueces ya no les reducirán la quinta parte de la condena sino la cuarta.
En el proyecto también quedó establecido que los archivos en manos de la Comisión de la Verdad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y de la Fuerza Armada (FAES) sean entregados a la Fiscalía General de la República (FGR) que podrá ocuparlos en futuras investigaciones.
La Fiscalía tendrá un año y no seis meses para investigar crímenes de guerra. Es un plazo doce meses menor que los que establece el Código Penal vigente para crímenes comunes.
Esto, sin embargo, no tiene efecto real ya que los archivos de la Comisión están en Nueva York y los puede pedir el Ministerio de Relaciones Exteriores (RREE), como ya lo había solicitado el Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana (IDHUCA).
Además, la Fuerza Armada ya dicho una y otra y otra vez que no tiene archivos de la época. O al menos así ha respondido en casos emblemáticos como la Masacre de El Mozote y lugares aledaños.
En el proyecto también se ha establecido la creación de un fondo, que para el próximo año será de 10 millones de dólares, para la reparación de las víctimas y sobrevivientes de la Guerra Civil de doce años que protagonizaron el Estado salvadoreño y la entonces guerrilla del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN).
El proyecto que presentó el martes pasado el también diputado Ponce establece que las penas se reducirán también si un condenado por crímenes de guerra “ayude a ubicar el paradero de las víctimas o el de sus restos y ayude a ubicar pruebas de los hechos”.
La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) ha dado tres prórrogas a los diputados para que aprueben finalmente una legislación que no riña con una “verdadera reparación a las víctimas”.
La última prórroga vence este 28 de febrero.
Ayer varias oenegés cuestionaban los pormenores del proyecto que los diputados pretenden aprobar este día porque dijeron considerar que queda abierta una vía para que los crímenes cometidos en la guerra queden impunes y los criminales puedan proteger las fortunas que amasaron en esa época.
También la Mesa contra la Impunidad en El Salvador, el Grupo Gestor por una Ley de Reparación y la Comisión de Trabajo pro-Memoria Histórica plantearon que “no se produjo una consulta informada, los contenidos de las propuestas en discusión no fueron dados a conocer a las víctimas, a quienes no se les brindó tampoco el mínimo apoyo psicosocial”.