Desde el jueves en la noche la Asamblea Legislativa y el Gobierno están enfrentados por los 109 millones de dólares que el presidente Nayib Bukele está exigiendo a los diputados que aprueben para financiar la Fase III del Plan Control Territorial.
Las escaramuzas más recientes comenzaron ayer en la noche cuando el Consejo de Ministros, con Bukele a la cabeza, invocó el artículo 167 numeral 7 de la Constitución para forzar a los diputados a votar a favor o en contra del préstamo que, según el discurso oficial, servirá para equipar a los miembros de la Policía Nacional Civil (PNC) y la Fuerza Armada que trabajan en tareas de seguridad pública.
Ese artículo literalmente dice que una de las funciones del Consejo de Ministros es: “Convocar extraordinariamente a la Asamblea Legislativa cuando los intereses de la República lo demanden”.
Aunque no ha especificado por qué, el mandatario en sus cuentas de redes sociales ha asegurado que el país está en una situación de emergencia y ha criticado a los que se han opuesto. “Están obligados constitucionalmente a asistir a la sesión extraordinaria. Si alguien rompe el orden constitucional, el pueblo tiene el artículo 87”, publicó refiriéndose al derecho a la insurrección que la ley fundamental reconoce a todos los ciudadanos solo para “restablecer el orden alterado por la transgresión de las normas relativas a la forma de gobierno o al sistema político establecidos”.
Conan Castro, secretario Jurídico de la Presidencia, dijo en una entrevista televisiva este viernes en la mañana que si bien es cierto no hay emergencia en el país pero sí hay urgencia por evitar que el promedio de asesinatos pueda incrementar. El propósito, entonces, es mantener a raya la criminalidad.
Mario Ponce, presidente de la Asamblea Legislativa, consideró que la convocatoria es “improcedente” porque el país no está en “una situación de catástrofe” que sí puede acontecer en, por ejemplo, desastres naturales o en casos de guerra.
“El presidente está siendo mal asesorado”, dijo Ponce que es miembro del Partido de Concertación Nacional (PCN).
“El único que puede convocar a los diputados es el que les está hablando. Aquí hay un sistema de independencia de poderes”, expresó en conferencia de prensa en la Asamblea este día.
Ponce dijo, además, que es probable que la comisión de Hacienda de la Asamblea apruebe un dictamen sobre el tema para que posteriormente pase al pleno y pueda ser votado. Esto puede ocurrir entre el lunes y el martes de la próxima semana.
“Es una presión, un método dictatorial”, dijo Nidia Díaz, del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) sobre la convocatoria a sesión plenaria extraordinaria de Bukele. “Nunca nos han querido explicar el plan”, agregó.
“Lo que el país está esperando es que caiga el agua, que haya empleos, que los hospitales tengan medicinas… eso es lo que está esperando la población, no la insurrección”, dijo René Portillo Cuadra, diputado de Alianza Republicana Nacionalista (ARENA). “El derecho a la insurrección se ejerce cuando hay un rompimiento del orden constitucional y esto se entiende cuando las funciones de los órganos de Estado no se están cumpliendo”, aclaró.