Este martes en la tarde Frederick Benítez, presidente de la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA) y Ana Orellana Bendek, ministra de Salud, debieron llegar a la comisión de Medio Ambiente de la Asamblea Legislativa a explicar los pormenores de la reciente supuesta crisis en la planta Las Pavas que provocó que el agua potable de los grifos instalados en la mayor parte de las casas del Área Metropolitana de San Salvador (AMSS) saliera hedionda y café.
Los funcionarios, sin embargo, ignoraron la convocatoria. Se negaron a llegar por razones hasta el momento desconocidas.
La de este martes fue la tercera vez que Benítez y Bendek dejaron plantados a los miembros de la comisión. Ayer, que fue la segunda, mandó una nota en la que aseguraba que estaba preparando el Plan General de Aguas que se supone le ordenó hacer el presidente Nayib Bukele.
Marta Evelyn Batres, diputada de Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), reprogramó para este día el encuentro con él. En octubre del año pasado también fue convocado pero no llegó.
Después de la tercera inasistencia los diputados comenzaron a analizar la posibilidad de interpelarlo. También la probabilidad de crear una comisión especial para investigar las causas de la crisis del agua que hace más de una semana afectó a una gran parte de los ciudadanos que viven en el AMSS.
El numeral 34 del artículo 131 de la Constitución establece ese mecanismo como una de las funciones de la Asamblea.
El artículo 113 del Reglamento Interno de la Asamblea (RIAL) dice que la interpelación tiene como propósito que los ministros, encargados de despacho o presidentes de autónomas lleguen a explicar a los diputados los porqués de sus actuaciones, políticas o proyectos en una determinada situación.
En este mecanismo de control los interpelados están obligados a llegar, de lo contrario los diputados pueden aconsejar al presidente de la República que destituya al funcionario.