Las imputaciones contra el empresario de la basura José Enrique Aquiles Rais López, el exfiscal general Luis Martínez González, el exjefe fiscal Julio Arriaza, el exjuez Romeo Aurora Giammattei, los abogados litigantes Luis Peña, Héctor Francisco Grimaldi Membreño y Ernesto Gutiérrez pasaron los últimos 25 meses por los estrados de, como mínimo, cinco tribunales de instrucción y dos de sentencia que se negaron a juzgarlas alegando que deben ser jueces especializados los que deben asumir esa tarea que consideran es un caso de crimen organizado y no una estructura común y corriente.
El rechazo más reciente se registró el 10 de diciembre cuando el Tribunal Tercero de Sentencia se negó a procesarlo con el argumento que no tiene potestad para hacerlo, según publicó La Prensa Gráfica. El antecedente más inmediato: el 16 de enero de 2019 el Primero de Sentencia concluyó que la red de corrupción judicial era una estructura de crimen organizado y mandó el expediente a la Oficina Distribuidora de Procesos del Centro Judicial Isidro Menéndez de San Salvador.
La resolución del Primero de Sentencia dice: “De esta relación se produce una simbiosis entre la criminalidad organizada, que consigue su afianzamiento cuando el sistema político y económico se torna dependiente de sus acciones. Alcanzando de esta manera la consolidación de una clase social criminal con capacidad y voluntad de establecer un tipo de orden determinado” refiriéndose a que Rais supuestamente tuvo el dinero suficiente para comprar peritos, jueces, abogados y hasta al fiscal general para hundir en la cárcel a sus enemigos Claudia Herrera y Mario Calderón.
Entonces: tanto el Primero como el Tercero de Sentencia se niegan a procesar a Rais alegando incompetencia.
El caso inició cuando la Fiscalía General de la República (FGR) presentó la acusación en el Juzgado Séptimo de Paz el 26 de agosto de 2016. Posteriormente el caso pasó al Juzgado Séptimo de Instrucción pero la jueza interina Evelyn Jiménez rechazó conocerlo porque había autorizado las escuchas telefónicas en las que Rais y sus cómplices presuntamente coordinaban los sobornos y otros planes para afectar a sus enemigos.
En los siguientes meses el caso pasó a manos del Juzgado Octavo de Instrucción pero los abogados defensores del ahora prófugo de la justicia, que según Revista Factum está escondido en Suiza, recusaron al juez encargado. Eso provocó que todo el expediente judicial fuera enviado al Juzgado Noveno de Instrucción.
Pero nuevamente el juez encargado del Noveno de Instrucción fue recusado y la Cámara Primera de lo Penal de San Salvador mandó el expediente al Juzgado Segundo de Instrucción el 8 de julio de este año.
El Noveno de Instrucción, sin embargo, dijo que el Órgano Judicial se enfrentaba a una estructura de crimen organizado y que lo evidente era que un juzgado especializado se encargara.
El 9 de octubre la Cámara Especializada de lo Penal de San Salvador contradijo a todos los jueces ordinarios: la estructura de Rais-Martínez no es crimen organizado y volvió a mandar el caso al Tercero de Sentencia.
Pero el Tercero de Sentencia lo rechazó y reenvió el caso al Pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ). No es la primera vez, sin embargo, que llega a las manos de la cúpula del Órgano Judicial.
A mediados de agosto de este año llegó a manos de los magistrados la papa caliente de este caso. Son los magistrados los que deben decidir si la red que montaron Rais y Martínez es de crimen organizado o no.
Foto D1/Archivo.
En esos días los abogados de Rais presentaron un escrito pidiendo que el Juzgado Especializado de Instrucción C se declarara incompetente de juzgar el caso contra su cliente. Ese escrito, sin embrago, no provocó ningún efecto porque el caso no llegó.
Rais es uno de los cien fugitivos más buscados por la Policía Nacional Civil (PNC). En febrero de 2018 la Policía Internacional (INTERPOL) confirmó la vigencia de una difusión roja en su contra que autoriza su localización y captura en todos los países en los que tiene jurisdicción.
Caso Rais
La Fiscalía ordenó la captura de Rais por encabezar una red de corrupción judicial, en la que jueces, fiscales y abogados, estaban a su servicio para garantizarle impunidad y perseguir a sus enemigos empresariales.
Por este caso recibió medidas sustitutivas al arresto en agosto de 2016, pero cinco meses más tarde, una Cámara anuló la decisión judicial de dejar libre a Rais y ordenó su regreso a prisión permitiendo su fuga.
El caso contra la red que lideraban Rais y Martínez está basado en escuchas telefónicas detectadas desde 2014 que iniciaron con la intervención de conversaciones entre el exjuez Giammattei y el abogado Gutiérrez.
El requerimiento que sustentó la acusación contra la red sostiene que la Fiscalía interceptó 27 conversaciones entre Giammattei y Gutiérrez, en el que convenían la presentación de un caso en el que Rais acusaba de amenazas con agravantes a Claudia Herrera, demanda que fue interpuesta el 26 de septiembre de 2014.
El 22 de octubre es capturada Claudia Herrera, pero las conversaciones continuaban entre Giammattei y Gutiérrez, ya que el requerimiento no había sido interpuesto. El 24 de octubre, el abogado de Rais explica al juez que no se había podido entregar el requerimiento porque “El Uno” (Luis Martínez) no había podido salir con el asunto, pero que estaban preparando un buen documento.
Ya con Herrera bajo un proceso judicial, la Fiscalía detecta el 5 de marzo de 2015 una conversación entre Gutiérrez y Rais, para coordinar el armado de un peritaje psicológico con el que reforzarían la acusación contra Herrera y. La idea era parecer que Rais había sufrido daños psicológicos a raíz de las amenazas con agravantes.
Gutiérrez le recuerda a Rais que se le había dado previamente una dosis (soborno) al psicólogo Néstor Recinos, que también está prófugo de la justicia. El empresario lo recuerda, pero olvidó de cuantos “miligramos” (miles de dólares) era la dosis. Gutiérrez le recuerda que eran $5,000.
Sigfredo Campos Crespo, jefe del Centro de Intervenciones Telefónicas, tuvo conocimiento de estas conversaciones, pero según órdenes del entonces fiscal Martínez no debía trasladarse esta información a ninguna unidad fiscal.
En 2015, Campos Crespo continuaba notificando de las escuchas y las investigaciones a Luis Martínez y a Julio Arriaza. El fiscal general le daba largas al asunto, hasta que un día dijo que no era necesaria un antejuicio para Giammattei, sino que “obligaría a renunciar” al juez, llevando “pruebas en mano” al presidente de la Corte.
Campos Crespo es parte de más de una docena de personas que ofrecieron su testimonio para la vista pública y que fueron considerados por el Tribunal Primero de Sentencia, el cual pasó dicho expediente al Juzgado Especializado de Sentencia.
Por este caso, todos los implicados fueron detenidos el 22 de agosto de 2016 y siete días más tarde, la jueza Séptimo de Paz les concedió medidas sustitutivas al arresto, al considerar que ninguno de los implicados representaba un peligro de fuga.
Sin embargo, la Cámara Primera de lo Penal anunció el 12 de enero que revocaba las medidas dictadas por el juzgado de Paz y ordenó la recaptura de los implicados en el caso.