Con 57 votos de los partidos ARENA, FMLN, GANA, PCN y PDC la Asamblea Legislativa aprobó una ley manejo integral de basura y de fomento al reciclaje con que se pretende mejorar la gestión de los desechos para disminuir el impacto negativo en el medio ambiente.
La ley pretende «lograr el aprovechamiento y disposición final sanitaria y ambientalmente segura de los residuos para proteger la salud de las personas, el medio ambiente y fomentar una economía circular», de acuerdo con el dictamen publicado en la página institucional de la Asamblea.
La ley será aplicable a las personas naturales y jurídicas, públicas, privadas, de economía mixta y las instituciones estatales. Contiene 67 artículos. El propósito principal es lograr el aprovechamiento y disposición final sanitaria y ambientalmente segura de los residuos para proteger la salud de los ciudadanos, el medio ambiente y fomentar una economía circular.
El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) será el rector en este tema para regular, dirigir, emitir autorizaciones, monitorear, evaluar, controlar, sancionar, y realizar los demás actos que sean necesarios para el cumplimiento de la ley, sus reglamentos y demás normativa técnica aplicable. También formulará, conducirá y evaluará las políticas nacionales en materia de gestión integral de residuos y de reciclaje, elaborar y ejecutar un Plan Nacional para la Gestión Integral de Residuos (PNGIR) y será el responsable de administrar el Sistema de Gestión Integral de Residuos (SGIR).
La normativa también manda al Ministerio de Educación a realizar las gestiones necesarias para incluir la temática de gestión integral de residuos y el fomento al reciclaje en el plan de estudio nacional de los niveles parvularia (preescolar), básica, media y educación superior.
Las alcaldías serán responsables por la gestión de los residuos que se generen en todo el ámbito de su jurisdicción, les compete promover y garantizar los servicios de gestión de residuos prestados por si o a través de la contratación y participación de terceros, emitiendo los ordenanzas.
Las alcaldías tendrán más flexibilidad con los contratos que suscriban con las empresas que venden servicios de recolección, transporte y disposición final de los desechos.
Además, contempla acciones para fomentar la separación de residuos orgánicos e inorgánicos y para la compra de materia prima nacional reciclada para su incorporación en la producción de nuevos bienes de consumo.
En su articulado establece multas de dos salarios mínimos mensuales máximo por infracciones leves; de 2 a 30 salarios mínimos por graves; y de 21 a 40 salarios mínimos por infracciones muy graves, además de la revocatoria de los permisos o autorizaciones otorgadas.