Mario Ponce, nuevo presidente de la Asamblea Legislativa, también dijo desconocer la autoridad de Nicolás Maduro como presidente de Venezuela y, en consiguiente, aseguró reconocer a Juan Guaidó como presidente encargado.
“Hay que entender que el pueblo no lo reconoce”, dijo a propósito de la orden del presidente Nayib Bukele que el 2 de noviembre a las diez de la noche anunció que daba un plazo de 48 al cuerpo diplomático venezolano en San Salvador para abandonar el país.
Como respuesta Maduro dio el mismo plazo al cuerpo diplomático salvadoreño en Caracas. En Cuba, además, donde participaba en un congreso antiimperialista, calificó al presidente Bukele de “pelele, traidor”.
Ponce coincidió con Bukele que basó su decisión en las investigaciones de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y en las resoluciones de la Organización de Estados Americanos (OEA).
En un comunicado, Casa Presidencial defendió lo que lleva meses argumentando: Maduro es un dictador que permanece en el poder de forma ilegítima propiciando la violación de los derechos humanos de miles de venezolanos . Esto quedó formalmente establecido el 27 de junio de 2019 en la celebración de la primera sesión plenaria de la 49 Asamblea de la Organización de Estados Americanos cuando Alexandra Hill Tinoco, ministra de Relaciones Exteriores, dijo que el país centroamericano desconocía al sustituto del fallecido Hugo Chávez Frías y que anhelaba ver una “Venezuela libre”.
En ese comunicado, tambi tiene a lao Casa Presidencial escribiaciones Exteriores, dijo que el paque desde ese momento queierno ordenordenén escribió que uno de los principales antecedentes es el informe que Michelle Bachelet, alta comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, presentó el 4 de julio en el que señala que el gobierno de Maduro ha cometido “numerosas violaciones” a los derechos fundamentales desde que está en el poder.
Al mes siguiente la OEA, y El Salvador como Estado miembro, respaldó los hallazgos de la investigación basada en entrevistas con más de 550 víctimas: las fuerzas de seguridad gubernamentales cometen ejecuciones extrajudiciales como forma de control social, hay detenciones arbitrarias, los opositores políticos son torturados y la corrupción de los funcionarios campea escandalosamente.
“Los Estados democráticos no acompañan el atropello a las libertades individuales y colectivas y el papel de la oposición no se puede disminuir”, comentó Ponce sobre la decisión de Bukele.
Recordó, además, que en los años 80 El Salvador estaba en guerra y que los regímenes militares cometían graves violaciones a los derechos humanos. Desde 1962 hasta 1979 gobernó el Partido de Conciliación Nacional que más recientemente cambió su nombre a Partido de Concertación Nacional, organización política de la que él es diputado.