La corrupción carcome la credibilidad de las instituciones públicas, trunca el crecimiento económico, —que para El Salvador es demasiado pírrico si se toman en cuenta las carencias básicas de los ciudadanos— desestimula las actividades productivas, anula la efectividad de las políticas públicas, dirige la inversión pública a los rubros en los que es más fácil ganar grandes sobornos y corrompe a la mayoría de ciudadanos que terminan legitimando las acciones tóxicas porque ven a las élites políticas y económicas practicarlas y justificarlas.
En trazos gruesos eso es la corrupción, según el informe Impunidad sin límites, de Iniciativa Social para la Democracia (ISD).
De acuerdo con la oenegé, la corrupción provoca pérdida de confianza en las instituciones del Estado. En el informe señala que la derrota de Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) y el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) evidenció que los ciudadanos comenzaron a despreciarlos porque vieron en ellos a los que instrumentalizaron el Estado para sus propósitos patrimonialistas y autoritarios deviniendo en nepotismo, opacidad en la ejecución del dinero recolectado de los impuestos, desvío de fondos y otros “cuantiosos daños” a los ciudadanos en general.
El informe cita los más recientes resultados de la encuesta de opinión que realizó el Instituto Universitario de Opinión Pública de la Universidad Centroamericana (UCA) en el que se señala que la preferencia por los partidos tradicionales, cuyos principales representantes son ARENA y el FMLN, está en sus niveles más bajos.
Pero no solo el IUDOP habla de corrupción entre los esos partidos. El Índice de Percepción de la Corrupción 2018 ubica al país en la posición 105 de 180 de los países con mayores índices negativos en ese tema.
Lo mismo dice el estudio Cultura Política de la Democracia 2016-2017 citado por ISD: seis de cada diez ciudadanos opinan que la corrupción está muy generalizada entre los funcionarios públicos; unos 70 de cien creen que la mayoría o más de la mitad de los políticos están salpicados en actos de corrupción.
Pero la corrupción no viene sola. ISD señala, citando a Antonio Guterres, secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que los actos corruptos implican: robos en escuelas, hospitales y otros fondos para financiar política social, destruye a las instituciones estatales mientras los corruptos se enriquecen cada vez más, priva a los ciudadanos del ejercicio pleno de sus derechos, ahuyenta la inversión extranjera, daña el medio ambiente, provoca disfunción política y pleitos sociales, entre otros.
La oenegé señala que en los últimos diez años fueron presentados a la Fiscalía General de la República (FGR) más de 160 casos de corrupción que han provocado escándalo e indignación entre los ciudadanos. Algunos fueron judicializados. Otros no.
El problema, sin embargo, es que los imputados en los casos judicializados recibieron condenas mínimas que posteriormente fueron sustituidas por trabajo comunitario u otras penas distintas que dejaron sabor a impunidad.
El informe dice: “Los procesos abreviados que permiten que los imputados declaren su culpa obteniendo como beneficios penas menores, excarcelables y sustituidas por medidas que se cumplen en libertad, ha sido uno de los caminos que ha privilegiado la FGR en la judicialización de los casos de corrupción”.
ISD señala diez ejemplos de casos de corrupción: en cinco los imputados fueron beneficiados con procesos abreviados recibiendo penas menores; en los restantes fueron beneficiados judicialmente ya fuera en connivencia con la Fiscalía o con el Órgano Judicial.
Por ejemplo el expresidente Elías Antonio Saca y sus cómplices se declararon culpables del desvío de 300 millones de dólares de la partida secreta de la Presidencia de la República y fueron condenados a penas menores a las que debieron ser condenados.
¿Qué es ISD?
ISD es una asociación cívico política, democrática, transparente y anticorrupción, según sus propios estatutos. Ramón Villalta es uno de sus principales miembros.
El informe
