Con 68 votos la Asamblea Legislativa aprobó las reformas a tres artículos del Código Penal en los que estableció penas de entre 15 a 25 años para policías, soldados o cualquier funcionario y empleado público que cometa el delito de desaparición forzada.
Las modificaciones quedaron redactadas así: el artículo 129 dice que “cuando se haga uso de cualquier artificio a efecto de dificultar el descubrimiento del hecho tales como destruir el cadáver de la víctima a través de medios como la incineración, desintegración o cualquier otra acción que dificulte el hallazgo de la víctima o su identificación”.
El 364 dice: “El funcionario público, empleado público, agente de autoridad o autoridad pública que detuviere legal o ilegalmente a una persona o de cualquier forma la privare de libertad y no reconociere dicha privación u ocultare el paradero o localización de la víctima, sustrayéndola de la protección de la ley, será sancionado con prisión de 15 a 25 años e inhabilitación absoluta del cargo o empleo respectivo por el mismo término”.
La reforma al 365 dice: “El particular que cometa desaparición forzada de personas, con la aquiescencia de funcionario público, empleado público, agente de autoridad o autoridad pública, será sancionado con prisión de 15 a 25 años.
Jorge Juárez, diputado suplente de Leonardo Bonilla, advirtió que el aumento de las penas no resolverá la desaparición forzada. Es, sin embargo, una herramienta más que tendrá a su disposición la Fiscalía General de la República (FGR) para combatir ese delito.
“A diario desaparece una gran cantidad de gente y en su mayoría han sido asesinadas sin poder ser encontradas ni dar con los responsables”, comentó Guillermo Gallegos, diputado de Gran Alianza por la Unidad (GANA).
El 23 de julio la Fiscalía presentó una propuesta de reforma al Código Penal para castigar con hasta 45 años de cárcel la desaparición forzada. La iniciativa establecía la desaparición forzada simple para la que pedía entre 20 a 30 años de prisión y la agravada con hasta 45 años de prisión.
El 4 de noviembre Rogelio Rivas, ministro de Seguridad, aseguró que el 80 por ciento de los desaparecidos vuelven a su casa porque generalmente se van del país sin avisar a sus familiares o se largan con su pareja sentimental.
El 20 por ciento restante, sin embargo, suele ser encontrado asesinado en un cementerio clandestino frecuentemente asociado a pandillas.
El ministro, sin embargo, aseguró en esa fecha que las denuncias de desapariciones forzadas disminuyeron desde la entrada en vigencia del Plan Control Territorial.
En octubre de 2018 el Estado registró 222 denuncias de desapariciones; en el mismo mes pero del año que transcurre hubo 180 denuncias. Son 42 menos.
De enero a septiembre de 2019 la Fiscalía General de la República (FGR) recibió más de 2 mil 300 denuncias de desaparición. Es un promedio de siete diarias.