Raúl Melara, fiscal general, advirtió a Rolando Castro, ministro de Trabajo, que se abstenga de hacer señalamientos temerarios contra la Fiscalía General de la República (FGR) porque la institución no actúa de acuerdo con sus intereses.
“Ministro, parece que se le olvida que ya no es sindicalista”, le recriminó en una publicación en su cuenta de Twitter. “La obligación de la Fiscalía es ser garante de la legalidad y no hacer lo que otros quieran o crean, de acuerdo a sus intereses”, agregó.
Ayer el ministro de Trabajo publicó en su cuenta de Twitter que la Fiscalía presentará en el Juzgado Tercero de Paz un requerimiento fiscal contra Roberto d´Aubuisson, alcalde de Santa Tecla, que, según él, irá formulado de manera “vergonzosa”.
“La culebra mordiendo al descalzo, queriendo exonerar al alcalde y cambiando la tipificación del delito. VERGÜENZA”, dicen dos líneas del tuit.
“Absténganse de hacer señalamientos temerarios en contra de la institución que dirijo”, advirtió el fiscal general.
El 24 de octubre el alcalde d´Aubuisson advirtió a Castro que se cuidara de los comentarios que pronuncia en los medios de comunicación porque puede incurrir en delitos. Ese día el ministro expresó que el sindicato de la alcaldía le había asegurado que la comuna tecleña le estaba reteniendo cuotas laborales y que el caso ya estaba en la Fiscalía.
Ese día Castro contó que los sindicalistas le dijeron que el fiscal del caso se había negado a imputar delitos al alcalde y que era probable que la imputación cayera en el tesorero o tesorera municipal. El fiscal también les pidió, según sus dichos, que los sindicalistas firmaran un documento aceptando la exoneración de d´Aubuisson.
De acuerdo con la alcaldía, Sandra Guevara, ministra de trabajo en la presidencia de Salvador Sánchez Cerén, desconoció al sindicato cuyos miembros después fueron despedidos ya que la mayoría trabajaban en las áreas de ornato y limpieza de la ciudad. Ese servicio, sin embargo, fue privatizado inmediatamente d´Aubuisson asumió como alcalde.
La alcaldía ha alegado, entonces, que el sindicato que acusa a d´Aubuisson no es legal.
El dinero, además, no está en manos de d´Aubuisson sino en custodia de la alcaldía.