Ni la Fiscalía ni la Policía ni el Órgano Judicial tiene registradas las mismas estadísticas de violencia contra las mujeres, según Doris Luz Rivas Galindo, presidenta de la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
En declaraciones a los medios de comunicación, la magistrada explicó que las estadísticas oficiales de las tres instituciones son contradictorias. Ejemplificó: si la PNC recibió 500 denuncias y la FGR recibió las mismas: ¿cuántas fueron judicializadas? ¿Qué pasó con las que no llegaron a los tribunales? ¿Cuántas llegaron a la etapa de sentencia?
Esas son preguntas que en la actualidad el Estado no puede responder, dijo la magistrada. “Cada institución tiene sus propias estadísticas de acuerdo con sus propios indicadores, pero al final de cuentas no permite tener una interpretación muy cercana al fenómeno”, expresó.
El problema es que sin estadísticas fiables, según ella, es imposible elaborar políticas públicas y políticas sociales para ayudar a las víctimas de violencia en todos los sentidos. Aseguró que al tenerlas el Estado puede, por ejemplo, basado en indicadores determinar la escolaridad de las mujeres que sufrieron agresiones físicas y de otra índole para desarrollar con el Ministerio de Educación (MINED) programas de formación académica.
“A la mujer que el marido no la dejó seguir estudiando o porque no tiene recursos o porque tiene hijos buscar programas que le permitan realizarse académicamente”, comentó.
En el año 2017 El Salvador registró, con una tasa de 10.2 asesinatos por cada 100 mil mujeres, la mayor tasa de feminicidios de América Latina y el Caribe, según información de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL). Ese año fueron 2 mil 795 mujeres víctimas.
En el año 2018 la cifra fue de 383 feminicidios.
En los casos judicializados los investigadores encontraron patrones claros: machismo, superioridad, violencia física y económica. Uno de los problemas, según el discurso oficial, es que las víctimas no suelen denunciar porque no identifican que violencia en su contra.
Después del país centroamericano se ubicaron Guatemala, República Dominicana y Bolivia. Por el contrario Panamá, Perú y Venezuela registraron tasas inferiores al 1.0.
En 2016, la CEPAL contabilizó 1,831 feminicidios en 16 países de América Latina y el Caribe. En ese entonces unos 17 países modificaron sus leyes para tipificar el delito de feminicidio, incluidos Argentina, México, Brasil y Colombia.