Roberto Rubio, director de la Fundación Nacional para el Desarrollo (FUNDE), aseguró que la promesa del presidente Nayib Bukele de extraditar a Carlos Mauricio Funes Cartagena en los primeros cien días de su administración siempre fue inviable.
Rubio dijo que la única manera de traer a Funes a El Salvador es que las condiciones de Nicaragua cambien o que Bukele negocie con el presidente Daniel Ortega la extradición.
“No sé por qué hizo esa promesa. Era inviable”, comentó a Diario 1.com. Agregó, sin embargo, que la realidad política nicaragüense puede cambiar más adelante: “Si la situación cambia, el expresidente Funes puede ser extraditado”.
Antes de asumir la presidencia de la República, Bukele aseguró que lograría la extradición antes de cumplir cien días como gobernante. Esas declaraciones lo llevaron a enfrentarse con Funes a través de las redes sociales.
En agosto de 2016, la Fiscalía General de la República (FGR) tuvo información que el círculo del expresidente Funes estaba haciendo movimientos bancarios.
El exmandatario, por su parte, ya se encontraba tramitando asilo en Nicaragua. No solo para él, sino también para su familia. En un inicio lo negó. Aseguró que se encontraba en ese país por cuestiones de trabajo: haciendo una consultoría después que en su país de origen, según su versión, la empresa de comunicaciones para la que trabajaba como consultor lo despidió porque se había conocido públicamente que era investigado por delitos de corrupción.
Después de eso se fue a “buscar nuevos derroteros”, como lo explicó al Canal 4 y a la página 19 Digital nicaragüenses. Pero estando allá sus amigos del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) le aconsejaron no regresar porque la Fiscalía iba a girar orden de captura en su contra. El 31 de agosto de 2016 discutió con sus abogados qué podía hacer y el 1 de septiembre fue, según él, a pedir asilo. Cinco días más tarde la Gaceta Oficial publicó que se lo había otorgado.
Funes pidió asilo para toda su familia: Ada Mitchell Guzmán Sigüenza y el hijo de ambos; Carlos Mauricio Funes Velasco y Diego Roberto Funes Cañas, los dos hijos de Funes.
La Constitución nicaragüense de 1987, vigente en la actualidad, establece que el asilo es para amparar “a los perseguidos por luchar en pro de la democracia, la paz, la justicia y los derechos humanos”. El artículo 43 rechaza la posibilidad de la extradición por delitos políticos o comunes conexos con ellos.
Después de saberse que era protegido de Ortega, Funes se justificó con medios de comunicación dóciles a su versión de las cosas: aseguró que la ultraderecha salvadoreña le había advertido que no iba a descansar hasta verlo muerto o en la cárcel porque él había provocado que a muchos de sus miembros más destacados la Fiscalía General los sentara en el banquillo de los acusados por delitos de corrupción, como por ejemplo la privatización encubierta de LaGeo, la empresa semiestatal encargada de producir energía geotérmica.
En esos días la Fiscalía allanó sus casas en las zonas más exclusivas del país y encontró docenas de objetos de lujo: zapatos, coches para bebé, un busto de él, una caja fuerte con documentos comprometedores, entre otros.
Funes, sin embargo, ya estaba protegido por el omnipresente poder de Ortega.
No obstante eso, la Corte Suprema de Justicia pidió al poder judicial del país vecino la extradición para juzgarlo por casi una docena de delitos: enriquecimiento ilícito, recibimiento de dádivas, soborno, negociaciones ilegales, y otros relacionados con el uso, para beneficio personal, de la llamada partida secreta de Casa Presidencial.
Los magistrados nicaragüenses rechazaron la petición de asilo.
Eso confirmó la protección de Ortega. Pero ya antes había señales claras de esa protección: al nomás llegar a ese país, media docena de policías civiles y uniformados del régimen lo custodiaban y la segunda casa en la que vivió, en las Colinas, era del Estado.
El 13 de mayo de este año El Confidencial publicó que Funes y su hijo Diego Roberto eran empleados de la Cancillería que administra Dennis Moncada. Sus salarios son superiores al promedio salarial del resto de trabajadores de esa cartera estatal. A la Cancillería no se les ve llegar a trabajar. Hay fuertes sospechas que sus plazas son fantasma, es decir, que reciben salario sin necesidad de ganárselo.
Mauricio Funes Velasco, el otro hijo de Funes, también es empleado estatal: trabaja en la Cinemateca Nacional. Se desconoce, sin embargo, el cargo que se supone que ejerce y de cuánto es su salario.
Esa es otra muestra de la protección de la que goza el expresidente.
El 30 de julio de este año la protección llegó a su máximo nivel legal: Funes fue nacionalizado nicaragüense, por tanto, la extradición es ahora imposible porque la Constitución establece que los nacionales de ese país no pueden ser extraditados por ningún tipo de delitos.
Mientras Ortega esté en el poder ese será el argumento dominante. Pero existe la posibilidad de cambiar si el mandatario pierde las elecciones en el año 2021.
Pero la realidad política no parece ir por esa vía. La oposición nicaragüense no es fuerte como sí lo es el orteguismo.
CICIES: un juego de palabras
Otra de las promesas que Nayib Bukele hizo en campaña es la creación de la Comisión Internacional contra la Impunidad y la Corrupción (CICIES).
Luis Almagro, secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), y el vicepresidente de El Salvador, Félix Ulloa, aseguraron el pasado viernes que esta semana se instalará en El Salvador la CICIES.
Sin embargo, para el director ejecutivo de FUNDE la creación de la CICIES en los primeros cien días de Gobierno es “un juego de palabras”, pues la instalación no es lo mismo que una institución con las herramientas necesarias para operar.
El pasado viernes, ARENA emitió un comunicado en el que respalda la creación de la CICIES. Sin embargo, están en contra a que sea creada por decreto ejecutivo.
Roberto Rubio también respalda que el proyecto de ley para crear la CICIES pase por la Asamblea Legislativa.
La semana pasada, el diputado del PDC, Rodolfo Parker, presentó una propuesta para crear una CICIES facultada para investigar a funcionarios por delitos de corrupción. Pero deja fuera al sector privado y a terceras personas.
La discusión para crear una CICIES no es nueva. Pero en los últimos cinco años ha tomado fuerza. Algunos apoyan esa idea. Otros la rechazan. En la clase política ha habido más detractores que impulsadores.
El FMLN estuvo en el Gobierno durante los últimos 10 años. Y es en ese partido donde ha habido más oposición bajo el argumento que con una comisión internacional se pierde soberanía. El exsecretario general del FMLN, Medardo González, dijo en reiteradas ocasiones que eso significaría darle un golpe de Estado a El Salvador.
Los últimos jefes fiscales, incluso el actual, le apuestan más por fortalecer a la Fiscalía General de la República (FGR) que por traer una comisión internacional.
El pasado mes de febrero, el fiscal general Raúl Melara dijo que era preferible fortalecer las instituciones salvadoreñas antes que traer una CICIES.
En la población, sin embargo, según una encuesta de la UCA de 2016, la creación de una comisión contra la corrupción es apoyada casi por unanimidad: el 96% de los salvadoreños está de acuerdo con la creación de una CICIES.
La idea de crear una CICIES surge del experimento en Guatemala donde se creó, hace más de una década, con el apoyo de la Organización de las Naciones Unidas y otros organismos internacionales, la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).
La CICIG ha sido clave para investigar y procesar a funcionarios y exfuncionarios guatemaltecos, así como a narcotraficantes, pandilleros y empresarios corruptos.
La CICIES propuesta por el equipo Bukele tiene una estructura legal similar a la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (la CICIG) y a la Misión Anticorrupción y contra la Impunidad en Honduras (MACCIH).