Othon Sigfrido Reyes Morales, expresidente de la Asamblea Legislativa, repitió que es víctima de una agresión “legal y mediática” por ser uno de los principales dirigentes del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), el que hasta la fecha sigue siendo el partido, auto-identificado de izquierda, con más militantes en El Salvador.
En su cuenta de Twitter publicó: “La agresión legal y mediática de las que he sido y estoy siendo víctima reflejan la aplicación, uno por uno, de los componentes de la guerra jurídica, aplicada a los representantes de la izquierda”.
El 30 de julio de este año el pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) ordenó mandar a juicio civil a Reyes por presunto enriquecimiento ilícito. Unos días antes el presidente Nayib Bukele había acusado a los magistrados de estar cediendo a las presiones de los líderes efemelenistas para no dar ese paso.
Las irregularidades su patrimonio comenzaron a salir a la luz cuando La Prensa Gráfica publicó que él y su asesor Byron Enrique Larrazábal compraron cinco lotes de terrenos para residencias en Greenside Santa Elena a precios mucho más bajos de los precios de mercado: entre 45 a 65 dólares por vara cuadrada mientras que los precios regulares nunca eran menores a los 165 dólares. Es decir: el entonces presidente de la Asamblea compró terrenos a una institución pública que en esos días la administraba David Munguía Payés, ministro de Defensa en los dos gobiernos del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN).
Este caso llegó a la Fiscalía General de la República (FGR) cuando el fiscal general era Luis Antonio Martínez González, que en la actualidad enfrenta un proceso judicial por cerrar investigaciones a cambio de dinero.
En esos días se supo que Reyes era indagado por los delitos: tráfico de influencias, enriquecimiento ilícito y negociaciones ilícitas. Pero el caso no trascendió. Tampoco fue investigado por enriquecimiento ilegal porque había un tercer socio que supuestamente aportó dinero para los terrenos.
Y la parte que el exdiputado aportó fue de una cuenta personal. Es decir, la Fiscalía aseguró-aseguró que no pudo comprobar que él tuviera dinero de origen oscuro en su caudal.
A mediados de noviembre de 2017 se supo que Reyes era investigado por un incremento patrimonial superlativo: 717 mil 65.80 dólares, registrados entre el 1 de mayo de 2006 y el 30 de abril de 2015. Él argumentó que su patrimonio ha ido al alza producto de sus “ahorros”, pese a que solo cuenta con su salario como funcionario. Es decir: si solo tiene un salario servidor público, tendría que haber ahorrado 3 mil dólares cada mes promediando 4 mil 200 durante su segundo periodo como diputado.
Cuando comenzó como diputado, Reyes tenía en su haber $108,800 en el año 2006 a $628,088.33 en abril de 2015, cuando terminó su tercer período como diputado, según sus declaraciones de patrimonio presentadas a la Sección de Probidad de la Corte Suprema. A esto se le suman, el patrimonio de su esposa e hijos, que pasaron de un capital líquido de $218,065.11 a $416,967.67 durante el mismo periodo.
Reyes y su familia tienen un capital de $717,065.80 durante los tres períodos como diputado, que él no puede justificar y el único argumento estriba en los “ahorros” hechos por el dirigente efemelenista.