La pregunta fue clara: ¿qué opina sobre los matrimonios entre personas del mismo sexo? Pero Raquel Caballero de Guevara, procuradora de Derechos Humanos, intentó no mojarse y durante varios segundos habló de las supuestas motivaciones que impulsaron a los ciudadanos que presentaron a la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) dos demandas de inconstitucionalidad contra la prohibición del matrimonio entre personas del mismo sexo.
“Es importante que impere la justicia, la seguridad jurídica y el acceso a la justicia para las personas”, respondió bordeando desde lejos el centro de la pregunta. Pero al verla tartalear Alberto Romero, diputado de ARENA, repitió la pregunta alto, claro y fuerte: ¿Usted cree en los matrimonios entre personas del mismo sexo?
Su respuesta fue: “Tienen derecho a decidir lo pertinente y esa ha sido nuestra acción”, comentó. Y aseguró que durante su administración como procuradora instaló mesas con temáticas LGBTI, especialmente para atender a quienes sufrieron crímenes de odio.
Guevara participó en la mesa que instaló la comisión de la Asamblea Legislativa que estudia los perfiles de los candidatos a procurador de Derechos Humanos. Guevara quiere ser reelegida.
Hace dos semanas la Sala admitió dos demandas de inconstitucionalidad contra el Código de Familia que impide las bodas entre personas del mismo sexo, informó este viernes el órgano de Estado. Los demandantes alegan que se viola el derecho a la igualdad, libertad, seguridad jurídica, dignidad, asociación e intimidad de las “personas de orientación homosexual” y del resto de miembros de la comunidad LGTBI.
No obstante, la sala únicamente admitió las demandas por la supuesta vulneración del principio constitucional de dignidad humana e igualdad.
Además, los demandantes pretenden que los juzgadores declaren una “inconstitucionalidad por omisión” contra el Congreso por “no regular por ley dichas uniones”.
La Sala pedirá opinión al Congreso y Fiscalía General de la República (FGR) durante el procesamiento de las demandas para determinar “si existe o no la presunta contradicción entre el Código de Familia y la Constitución”.