Tres ejecutivos venezolanos que trabajaban para Alba Petróleos fueron expulsados de El Salvador por la Dirección General de Migración y Extranjería.
De acuerdo con esa dependencia del Estado, los venezolanos no contaban con los permisos de trabajo respectivos. Por eso fueron expulsados de El Salvador.
Según informó Migración y Extranjería en un comunicado, las irregularidades fueron detectadas cuando hacían un proceso de verificación migratoria.
Cuando los agentes de la Dirección de Control Migratorio y la Unidad de Verificación Migratoria solicitaron los documentos de viaje y las autorizaciones de trabajo, los venezolanos no los mostraron. “En ese momento se identificó que no cumplían con los requisitos para ejercer funciones en territorio salvadoreño”, dice el comunicado.
Migración y Extranjería emitió una orden para que los ejecutivos venezolanos abandonen la Región CA-4 (compuesta por Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua) en un lapso de 5 días desde su notificación.
Además impuso multas a la empresa Alba Petróleos y a los venezolanos, que, según Migración, percibían sueldos entre los $5 mil y $8,500, además del arrendamiento de viviendas en la Residencial Garden Hill ubicada en el municipio de Nuevo Cuscatlán.
“Las expulsiones de extranjeros de territorio salvadoreño obedecen a diversas legislaciones que mandatan su aplicación, entre ellas la Constitución de la República, Ley Especial de Migración y de Extranjería y Ley de Procedimientos Administrativos», agrega el comunicado.
Foto D1. Miguel Lemus.
Investigación contra Alba
La Fiscalía General de la República (FGR) allanó a finales del pasado mes de mayo las oficinas de Alba Petróleos y 26 empresas relacionadas a presunto lavado de dinero.
La FGR también allanó la oficina de José Luis Merino, uno de los máximos dirigentes del FMLN, quien es investigado por los Estados Unidos por sus presuntos nexos con el crimen organizado.
El operativo comenzó a las tres de la tarde, cuando un grupo de fiscales y policías llegó a la oficina central de Alba Petróleos, ubicada en el bulevar Orden de Malta de Santa Elena, municipio de Antiguo Cuscatlán, La Libertad.
“Estamos procediendo a realizar un registro en las instalaciones de la sociedad ALBA, con sus distintas manifestaciones, por ejemplo, ALBA Petróleos, ALBA Alimentos, ALBA gas y otras 24 empresas más. Es una orden de registro, autorizada por el Juzgado Cuarto de Paz de San Salvador con la finalidad de incautar documentación, equipo informático y toda la información que nos pueda servir para una investigación que estamos realizando”, explicó en esa ocasión German Arriaza, director Anticorrupción y contra la Impunidad de la FGR.
Agregó que la investigación comenzó por indicios de lavado de dinero. Se negó a explicar cuáles fueron esos indicios detectados. Tampoco dio a conocer si Estados Unidos facilitó información al país para iniciar el caso.
Arriaza tampoco quiso explicar los nombres de las personas que pueden ser imputadas por lavado de dinero. “En materia penal se investigan conductas…dependerá del desarrollo de la misma”, expresó.
A través de un comunicado, la Fiscalía informó que allanó las empresas ALBA Petróleos, Gasohol, Centro de Investigaciones Científicas de ALBA Petróleos, Consultores Técnicos Empresariales, Energía Orgánica, Renova Energy, Transporte Velmont, Precocidos de El Salvador, Maya Grren Power, ALBA Alimentos, ALBA Gas, Asociación Instituto Schfik Jorge Hándal, Coordinadora y Asesora de Proyectos, DIAGRIN, ENEPASA, Fundación Albapetróleos, Gaubri Group, Inversiones Flolat, Inversiones Valiosas, Las Vistas, SAG, Termopuerto Limitada, Tu Financiera de RL, Fibras de El Salvador.
Días antes había trascendido que el Departamento de Estado de Estados Unidos, junto con los Departamentos de Defensa y Justicia, añadió al viceministro de Relaciones Exteriores para Inversiones Internacionales y alto dirigente del FMLN, José Luis Merino, en una lista de antiguos o actuales funcionarios del Triángulo Norte Centroamericano (El Salvador, Guatemala y Honduras), que están vinculados con actos de corrupción.
La información fue dada a conocer por el Departamento de Estado a través de documentos desclasificados.
En el informe compartido por el Departamento, se señala a Merino como un beneficiario de Alba Petróleos, una compañía asentada en El Salvador cuyas acciones pertenecen en un 60% a la estatal venezolana Petróleos de Venezuela (PDVSA), sancionada por Estados Unidos en 2019.
De la misma forma se sostiene que Merino y su hermano, Ismael Merino Cabrera, movilizaron $400 millones por medio de compañías fachada hacia cuentas off-shore en Panamá. Además se cuestiona que nunca haya sido procesado judicialmente y que goce de inmunidad como viceministro.