Nicaragua tiene 130 mil kilómetros cuadrados. Es el país más grande de Centroamérica y desde el martes 30 de julio de 2019 se convirtió, oficialmente, en la cárcel del expresidente Mauricio Funes Cartagena que no puede volver a El Salvador porque puede ser capturado y llevado al estrado por delitos de corrupción. Comparte celdas con su cónyuge Ada Mitchell Guzmán Sigüenza y sus hijos Carlos Mauricio Funes Velasco y Diego Roberto Funes Cañas.
Funes, nacional de ese país desde finales de julio, no podrá salir nunca de los dominios nicaragüenses porque sobre él siguen vigentes tres órdenes de captura que giraron los juzgados Séptimo de Instrucción, Quinto de Paz y Cuarto de Paz en los últimos 24 meses por el supuesto desvío de US351, 000, 000 y por la presunta divulgación del Reporte de Operaciones Sospechosas (ROS) que terminó en el enjuiciamiento del fallecido Francisco Flores Pérez así como porque se presume que sobornó al exfiscal Luis Martínez para evitar ser imputado en los casos mediáticamente conocidos como Tregua entre Pandillas y Hoyo de El Chaparral.
También hay una solicitud de extradición que mandó al gobierno de Daniel Ortega la Corte Suprema de Justicia (CSJ) el 21 de marzo de 2019 y que fue respondida casi un mes después negando la devolución del imputado.
El exmandatario confirmó que se nacionalizó para evitar ser enviado al país en el que nació. En su cuenta de Twitter publicó: “Ni hoy, ni en los primeros 100 días de su gobierno, ni en años la extradición será posible. La extradición está prohibida por Constitución”.
Una de las promesas del presidente Nayib Bukele fue que en cien días iba a tener a Funes de vuelta en El Salvador. Aunque ese tipo de procesos no es competencia del Órgano Ejecutivo, aseguró que lo haría. Al confirmar que su promesa ya no será posible, Bukele respondió diciendo que Funes es solo “un vil ladrón”. “A pesar de lo que muchos creen, Funes acaba de cometer un error”, expresó.
Nicaragua ya era la cárcel de Funes y su familia desde que el 2 de septiembre de 2016 Ortega los benefició con el asilo político. Ese estatus podía cambiar si el mandatario del país vecino lo revocaba; la nacionalización, aparentemente, es irrevocable y afianza la protección del Estado que administra Ortega sobre el prófugo de la justicia salvadoreña.
Funes se encuentra prófugo de la justicia desde hace un año. En El Salvador acumula al menos cinco procesos penales. Todos por diversos delitos de corrupción.
El pasado 3 de abril, el juzgado Octavo de Paz de San Salvador ordenó capturar a Funes por el delito de evasión fiscal en perjuicio de la Hacienda Pública.
La orden de captura se formuló una semana después de que la Fiscalía acusara al exmandatario de no pagar más de $375,000 en impuestos en el período fiscal de 2014.
La Fiscalía empezó a ver irregularidades en los movimientos bancarios de Funes cuando detectó la emisión de varios cheques provenientes de una cuenta bancaria a su nombre, sin justificar la procedencia de los fondos de la misma.
Con esa acusación, Funes sumó la quinta orden de captura por delitos de corrupción.
El hombre de los delitos
Además de ese caso, Funes encara otros cuatro procesos judiciales. Por una parte, está señalado de participar en el “Caso Corruptela”, en el cual se procesa a una red de venta de justicia a cambio de dádivas al interior de la Fiscalía General de la República que dirigió Luis Martínez.
La Fiscalía también acusa a Funes de haber sobornado a Luis Martínez para no ser investigado por su participación en la negociación de la tregua entre pandillas y por la divulgación en televisión nacional de un documento protegido por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos.
De la misma forma, Funes es requerido por la justicia salvadoreña por las anomalías ocurridas en la construcción de la represa El Chaparral. En este caso, al exmandatario se le acusa por peculado, mientras que a Ada Mitchell Guzmán, su compañera de vida, se le imputa el delito de lavado de dinero.
Asimismo se ha solicitado capturar a Funes para que responda por haber divulgado en televisión el Reporte de Operaciones sospechosas (ROS) que incriminó al expresidente Francisco Flores en el desvío de donativos del gobierno de Taiwán para los afectados de los terremotos de 2001.
Por si fuera poco, la Fiscalía anunció que tiene investigaciones abiertas contra Funes por supuestos pagos de sobornos a diputados para aprobar medidas favorables a su gobierno, según trascendió en unos audios publicados en una investigación de la revista digital Factum, lo cual podría acarrearle en un futuro una sexta orden de captura en su contra.
El pasado 21 de marzo, el pleno de magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) aprobó por unanimidad solicitar a Nicaragua la extradición de Mauricio Funes. El magistrado de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, Aldo Cader Camilot, dijo que el oficio ya fue enviado a Cancillería, y esta a su vez deberá coordinar con las autoridades de Nicaragua.
La CSJ ordenó extraditar a Funes por su participación en el caso “Saqueo Público”, en el cual es acusado por los delitos de peculado y lavado de dinero y activos, como parte de una red que habría desfalcado un estimado de $351 millones del erario público a través de modificaciones presupuestarias que pasaron sin control a diversas partidas de gastos reservados.
En la solicitud de extradición, enviada por el juzgado Séptimo de Instrucción, también están contemplados la compañera de vida de Funes, Ada Mitchell Guzmán Sigüenza, y dos de sus hijos, Diego Funes Cañas y Carlos Mauricio Funes Velasco.